ONU reconoce avances de la Reforma Agraria en Colombia y llama a reforzar la protección de las familias beneficiarias

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia reconoció este jueves los avances que ha logrado el país en la distribución de tierras a campesinos sin tierra, víctimas del conflicto, mujeres rurales y pueblos indígenas, como parte de la implementación del Acuerdo Final de Paz y de la Reforma Agraria.

Durante su intervención ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el representante especial del Secretario General de la ONU y jefe de la Misión de Verificación en Colombia, Miroslav Jenča, destacó los resultados alcanzados, al tiempo que señaló que aún existen desafíos para consolidar el proceso.

“Se han logrado avances en la distribución de tierras a campesinos sin tierra, víctimas, mujeres rurales y pueblos indígenas. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Reforzar la seguridad de los beneficiarios y resolver los conflictos existentes a través de vías legales e institucionales será clave para evitar que resurjan antiguas dinámicas de conflicto y para mantener la confianza en el proceso de paz”, afirmó Miroslav Jenča ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El representante Jenča indicó que será fundamental continuar avanzando en la formalización de la propiedad rural, así como fortalecer el acompañamiento técnico, financiero y productivo para que las tierras entregadas generen oportunidades de desarrollo y mejoren las condiciones de vida de las comunidades beneficiarias.

En esa línea, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) resalta que la Reforma Agraria avanza con resultados históricos. A la fecha, se han formalizado más de 2,28 millones de hectáreas, se han entregado 351.000 hectáreas a familias campesinas y comunidades étnicas y se han incorporado 806.081 hectáreas al Fondo de Tierras, consolidando la mayor política de acceso a la tierra de las últimas décadas.

A estos avances se suman la constitución de 21 nuevas Zonas de Reserva Campesina, el reconocimiento de 7 Territorios Campesinos Agroalimentarios, la creación de 676 Comités Municipales de Reforma Agraria y la puesta en marcha del programa Sembrando Vida, que fortalece la producción agroalimentaria y la permanencia de las familias beneficiarias en el campo.

La ANT también destrabó procesos relacionados con bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV). Como resultado, más de 550 predios, equivalentes a 109.000 hectáreas, que estuvieron en manos de estructuras del narcotráfico, el paramilitarismo, testaferros, políticos corruptos y ocupantes indebidos fueron recuperados para destinarlos a la Reforma Agraria.

Jenča también expresó su preocupación por los hechos de violencia e intimidación que enfrentan algunas familias adjudicatarias de tierras. Como ejemplo, mencionó el reciente caso de una familia beneficiaria en el departamento del Meta que fue agredida y torturada por hombres armados, e hizo un llamado para que estos actos cesen y se fortalezcan las garantías de seguridad.

Frente a este panorama, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, aseguró que las amenazas contra las familias beneficiarias están relacionadas con la recuperación de bienes que durante años estuvieron bajo el control de estructuras criminales.

“Antes se robaban las tierras de la SAE y del Fondo para la Reparación de las Víctimas, destinadas precisamente a reparar a las víctimas, y nadie decía nada. Hoy que las recuperamos para la Reforma Agraria y las entregamos al campesinado, esa tierra dejó de ser de las mafias. Por eso buscan amedrentar a los campesinos y desacreditar el proceso”, fue enfático el director Harman.

Asimismo, el alto funcionario hizo un llamado a garantizar la continuidad de esta política pública.

“Invito al nuevo Gobierno a definir si respaldará estos avances o permitirá que se reviertan los esfuerzos por recuperar estos bienes para el país”, manifestó el director de la ANT.

La Agencia Nacional de Tierras reitera que la protección de las familias beneficiarias constituye una condición indispensable para consolidar la Reforma Agraria y garantizar que el acceso a la tierra se traduzca en desarrollo rural, seguridad alimentaria y construcción de paz en los territorios.