ANT sigue recuperando tierras en Córdoba: más de 1.560 hectáreas del paramilitarismo y la corrupción pasan a manos campesinas

El compromiso de la Agencia Nacional de Tierras —ANT—, en cabeza de su director Juan Felipe Harman, con el campesinado colombiano y la Reforma Agraria continuará siendo el mismo hasta el último día del Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego: incondicional e indeclinable.
En una acción adelantada en el departamento de Córdoba, la ANT recuperó en zona rural del municipio de Pueblo Nuevo un bien rural cuya extensión es de 1.300 hectáreas y perteneció a Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, excomandante del hoy extinto Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Se trata de un predio indebidamente ocupado que está enmarcado en una diligencia de extinción de dominio. La persona particular que allí estaba no pagaba arriendo aun cuando era consciente de que el bien es hoy de la nación.
La finca, por disposición de la ANT y dándole cumplimiento a lo contemplado en la Reforma Agraria, pasa a manos de tres asociaciones campesinas del sur del departamento.
«No podemos permitir que los bienes de la nación, los cuales deben ser el motor de la Reforma Agraria, sigan en manos de particulares que no le pagan un solo peso al Estado. La tierra debe cumplir una función social y estar al servicio de la producción de alimentos y de la paz», afirmó el director de la ANT, Juan Felipe Harman, que lideró el operativo en compañía de la fuerza pública.
Segunda acción en beneficio del campesinado
Otra acción adelantada por el equipo de profesionales de la Agencia Nacional de Tierras permitió recuperar un segundo predio. En esta oportunidad, también en zona rural de Pueblo Nuevo, fue aprehendido el bien El Papayo, de 268 hectáreas.
Tuvo como propietario al exgobernador Alejandro José Lyons, condenado por la Corte Suprema de Justicia por liderar una red de corrupción; además, pieza clave para destapar el escándalo del denominado ‘Cartel de la Toga’, en el que magistrados y otros altos funcionarios cobraron sobornos millonarios a políticos y empresarios para desviar o archivar investigaciones en su contra.
En 2017, el inmueble fue vinculado a un proceso de extinción de dominio adelantado por la Fiscalía General de la Nación. Dos años más tarde pasó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), quedando bajo administración estatal.
El Papayo fue entregado a dos asociaciones campesinas de la región, atendiendo al mandato del presidente Gustavo Petro y de lo que ordena el Punto 1 del Acuerdo Final de Paz.
Las beneficiadas son la Asociación Afro Familia (compuesta por 60 personas, de las cuales 50 son mujeres lideresas de San Marcos, Sucre) y la Asociación de Campesinos Las Guamas (cuyos integrantes alcanzan las 50 personas, siendo diez de ellas cabezas de familia de Pueblo Nuevo, Córdoba).
“El bien deja atrás su pasado judicial y administrativo para convertirse en el nuevo hogar de proyectos productivos asociativos, materializando la Reforma Agraria en regiones históricamente olvidadas por el Estado y violentadas por grupos que impusieron un régimen de terror durante décadas», enfatizó el director Juan Felipe Harman.
Estas recuperaciones en el departamento de Córdoba marcan un hito en la lucha contra la ocupación ilegal de bienes del Estado. Con la entrega de los dos predios a comunidades locales, la Agencia Nacional de Tierras sigue demostrando con hechos que la Reforma Agraria avanza en beneficio del campesinado colombiano.

















