Justicia Agraria, base de la paz en el campo colombiano
Tres actos legislativos, 28 decretos expedidos y más de 90 resoluciones estratégica dan cuenta del porqué la Justicia Agraria se convirtió en uno de los ejes fundamentales del Gobierno del Presidente Gustavo Petro para sentar las bases de la paz en el campo colombiano.
A través de ella y bajo el liderazgo de la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, se logró la constitucionalización de derechos, se reglamentó la Reforma Agraria y se convirtió la regulación del poder público al servicio del campesinado, la producción nacional y la soberanía alimentaria.
Los propósitos han sido claros. De un lado, se trata de mejorar la gobernanza en la política de tierras agropecuarias y, por el otro, recuperar y fortalecer la institucionalidad agraria.
“La Justicia Agraria no es el derecho de la tierra, tampoco lo es tener unos jueces que se ocupen de atender lo que está en la ruralidad. La Justicia Agraria es poder avanzar en el reconocimiento de esos campesinos que se vieron olvidados por un modelo económico que los quiso desaparecer. Recuperar y reconocer esos derechos es un acto de justicia, y este gobierno lo ha venido haciendo. Hablar de Justicia Agraria es hablar de redistribución y de la restauración de los ecosistemas. Está más allá de quién tiene derecho sobre la tierra, es la dimensión de todos los actores, quién la tiene, cómo la tiene, quién la produce y cómo lo hace. Cómo transformamos, comercializamos y hacemos de Colombia una potencia agroalimentaria”, anotó la ministra Carvajalino.
En ese camino el ministerio de Agricultura logró la aprobación de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria, en 2024, la sanción presidencial de la misma ley, en marzo de 2026, y actualmente se llevan a cabo debates en Senado y Cámara para la aprobación definitiva de la Ley Ordinaria.
Así mismo, mediante un proceso permanente de escucha, concertación y planeación pública para convertir las demandas históricas del campo en la ruta del Estado, se han construido instrumentos con las comunidades para materializar la Reforma Agraria. Se trata del Pacto por la tierra, el agua, el territorio, el ambiente y la vida; el Mandato por los territorios, la tierra, el agua, los ríos, los mares, la naturaleza y la vida, así como el Plan decenal de la Reforma Agraria y Acuaria 2026-2036.
Para Alberto Beltrán, gobernador de la Comunidad Indígena Viernes Santo, del municipio de San de Uré, Córdoba, “es importante que se aplique la justicia agraria en nuestras comunidades porque hemos sido vulnerados en nuestros derechos. Poder tener ese privilegio lleva a buenas acciones en nuestros territorios”, aseguró.
A su vez, Adelaida Cabrales del municipio de Valencia, Córdoba, y miembro de la comunidad indígena del cabildo Zenú Santana, la Jurisdicción Agraria es fundamental porque con ella se tiene una base que garantiza nuestros cultivo, el acceso a la tierra y nuestro porvenir”.
Con estas acciones, los Frutos de la Revolución por la Vida avanzan hacia un país con más equidad y justicia social.
