En Tuluá, más de 400 hectáreas vinculadas al Cartel del Norte del Valle pasan a manos de comunidades rurales a través de la Reforma Agraria

Más de 407 hectáreas que durante años estuvieron vinculadas a una de las estructuras narcotraficantes más poderosas del país hoy avanzan hacia un nuevo destino bajo la administración del Estado. Se trata de cuatro predios ubicados en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, que estaban bajo la admistración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y recuperados por la Agencia Nacional de Tierras —ANT— como parte de los esfuerzos del gobierno del presidente Gustavo Petro para ponerlas al servicio de las poblaciones rurales.

Los predios corresponden a El Gorrón —hoy conocido como La Palmera—, con 84,4 hectáreas; El Pital, con 80,6 hectáreas; Hacienda La Milena, con 144,4 hectáreas; y La Peva, con 97,7 hectáreas. En conjunto suman más de 400 hectáreas que, durante décadas, estuvieron relacionadas con investigaciones sobre bienes presuntamente vinculados al narcotráfico en el Valle del Cauca.

Las verificaciones realizadas por la ANT permitieron establecer que varios de estos inmuebles estuvieron asociados a integrantes del núcleo familiar de José Orlando Henao Montoya, conocido como “El Hombre del Overol”, señalado en diferentes investigaciones y fuentes públicas como uno de los principales líderes del denominado Cartel del Norte del Valle. También aparecen nombres como Piedad Vélez Rengifo, José Luis Henao Vélez, Juan Pablo Henao Vélez y Arcángel de Jesús Henao Montoya, personas que han sido mencionadas en investigaciones patrimoniales relacionadas con presuntos hechos de lavado de activos y ocultamiento de bienes.

La historia de estas tierras refleja una realidad que marcó profundamente a amplias zonas rurales del país. Durante años, extensiones agrícolas terminaron integradas a estructuras patrimoniales asociadas al narcotráfico, alejándose de su función social y productiva. Hoy, bajo la administración del Estado, se abre la posibilidad de que estos territorios contribuyan a generar oportunidades para las comunidades rurales.

Tierras marcadas por la historia del narcotráfico

José Orlando Henao Montoya fue identificado en diferentes investigaciones judiciales y periodísticas como uno de los máximos dirigentes del Cartel del Norte del Valle, organización criminal que ejerció una fuerte influencia en el Valle del Cauca durante las décadas de 1980 y 1990. Tras la muerte de Helmer Herrera Buitrago, alias “Pacho Herrera”, consolidó una estructura que controló rutas del narcotráfico y desarrolló mecanismos para ocultar recursos de origen ilícito a través de empresas y bienes rurales.

Las investigaciones adelantadas por las autoridades llevaron a que varios de estos predios pasaran a control del Estado dentro de procesos orientados a recuperar bienes relacionados con actividades ilícitas. Ese recorrido institucional es el que hoy permite que estas tierras hagan parte de los esfuerzos encaminados a fortalecer la Reforma Agraria y garantizar que la propiedad rural cumpla una función social.

Comunidades rurales y presencia territorial

La labor realizada por la Agencia Nacional de Tierras también permitió identificar las condiciones actuales de ocupación y uso de los predios.

En Hacienda La Milena se identificó la presencia de aproximadamente 30 familias y extensas áreas dedicadas al cultivo de caña de azúcar. De acuerdo con la información suministrada por la comunidad durante las visitas, parte de estas actividades estarían relacionadas con el Ingenio San Carlos, empresa que mantiene relaciones de convivencia con los ocupantes y ha contribuido con el suministro de agua potable en el sector.

En estos territorios también tienen presencia comunidades afrodescendientes con interés directo en los procesos que puedan desarrollarse sobre estas tierras. Entre ellas se encuentran el Consejo Comunitario de Buga y sus veredas, así como el Consejo Comunitario de Guavitas y el Consejo Comunitario de Guacarí junto a sus veredas, organizaciones que mantienen vínculos históricos con esta zona del Valle del Cauca.

En otros predios, como Hacienda San Luis y La Peva, las condiciones de acceso dificultaron el ingreso de los equipos técnicos, situación que evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo las labores de verificación territorial en zonas rurales de alta complejidad.

Recuperar tierras para construir oportunidades

La recuperación y administración de estos predios forma parte de una estrategia más amplia orientada a transformar territorios que durante años estuvieron asociados a economías ilícitas en escenarios de desarrollo rural, producción agropecuaria y fortalecimiento comunitario. Además, representa para las comunidades afrodescendientes el resultado de años de resistencia, organización y defensa de sus derechos.

Marco Antonio Mosquera Sánchez, coordinador zonal del Frente Nacional Afrocolombiano (FRENACOL), aseguró que la entrega de estas tierras representa el resultado de años de resistencia y organización comunitaria: “Hoy vemos reflejada la lucha de nuestras comunidades en la entrega de estas tierras por parte de la ANT. Ha sido un camino difícil, en el que hemos tenido que sacrificar tiempo con nuestras familias, enfrentar amenazas y superar momentos muy duros, pero nunca dimos un paso atrás. Esta entrega representa una luz en el camino y nos demuestra que vale la pena seguir luchando por los derechos de nuestras comunidades”.

La identificación de más de 608 hectáreas con antecedentes relacionados con el narcotráfico representa una oportunidad para avanzar en la recuperación de tierras que durante años estuvieron alejadas de su función social. También permite fortalecer la capacidad del Estado para gestionar bienes que, en otro momento, hicieron parte de estructuras económicas ilegales.

En regiones como el Valle del Cauca, donde el narcotráfico dejó profundas huellas sobre la propiedad rural y las dinámicas territoriales, este tipo de acciones adquiere una relevancia especial. No solo contribuyen a esclarecer la situación de los predios, sino que también abren posibilidades para el fortalecimiento de las economías rurales, la producción de alimentos y la consolidación de proyectos colectivos en beneficio de las comunidades.

Por su parte, Laura Campo, asesora de la Dirección General de la ANT, destacó el valor histórico de la recuperación de estos predios para las comunidades étnicas del Valle del Cauca: “Hoy culminamos la recuperación de más de 400 hectáreas en Tuluá, Valle del Cauca. Estas tierras, que en el pasado estuvieron vinculadas a alias ‘El Hombre del Overol’ y al Cartel del Norte del Valle, pasan ahora a manos de comunidades étnicas del departamento para que vuelvan a cumplir la función social que nunca debieron perder y se conviertan en oportunidades de desarrollo para los territorios”.

La Agencia Nacional de Tierras continuará desarrollando las acciones técnicas, jurídicas y territoriales necesarias para contribuir a los objetivos de la Reforma Agraria y consolidar procesos que permitan que la tierra cumpla una función social, productiva y generadora de oportunidades para las comunidades rurales del país.