En Tierralta, Córdoba, el Gobierno del presidente Gustavo Petro cumple con Dignidad
Como una segunda oportunidad sobre la tierra calificó el Gobierno Nacional el avance de la Reforma Agraria presentado en la Asamblea Campesina celebrada en Tierralta, Córdoba. En este escenario se dio a conocer el estado de las medidas adelantadas para atender la emergencia social, económica y ecológica declarada en el departamento, entre las que se encuentran el acceso a tierras, la recuperación de bienes públicos, el financiamiento, la reactivación productiva, el ordenamiento territorial y el fortalecimiento de la economía campesina y pesquera.
En la jornada participaron el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), Finagro, el Banco Agrario, el Invías y demás entidades del Gobierno Nacional, quienes junto a la comunidad celebraron la firma de una carta de intención entre la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) y la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú (CVS), para articular acciones y avanzar en la formalización de pequeños acuicultores afectados por la emergencia.
“Este memorando de entendimiento permitirá avanzar en acciones conjuntas orientadas al fortalecimiento del sector pesquero y acuícola, mediante el intercambio de información, jornadas de capacitación, acompañamiento técnico y la articulación entre entidades para responder de manera oportuna a las necesidades del territorio”, manifestó el director de la AUNAP, William Tepud.
Además, se anunció la recuperación de ciénagas, playones y sabanas comunales, que se traduce en hechos concretos con la ejecución o programación de intervenciones en 14 puntos, entre ellos el Humedal Berlín, la Ciénaga Corralito y la Ciénaga Grande del Bajo Sinú – La Leyenda y San Rafael, con proyección de avanzar también en El Vidrial. Actualmente, se adelantan trabajos en las ciénagas Berlín, La Leyenda y San Rafael, mientras que en Corralito se reporta un avance aproximado del 75 %, gracias a la acción coordinada entre comunidades y entidades estatales.
El director general de la UPRA, Juan Pablo Sandoval, indicó: “Debemos proteger el suelo rural por la seguridad alimentaria de nuestro país y proteger a nuestros campesinos y campesinas para garantizar lo contemplado en los artículos 64 y 65 de la Constitución, los derechos del campesinado y el Derecho Humano a la Alimentación. Con 667.034 hectáreas, se declara en el departamento de Córdoba el Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) más grande de Colombia. Con esta declaratoria, ya son 48 municipios de los departamentos de Tolima, Antioquia, La Guajira, Cundinamarca y Córdoba los que cuentan con 864.752 hectáreas declaradas como APPA en el país”.
La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, aseguró: “Hoy podemos decir con dignidad que el sur de Córdoba le permitió a este Gobierno encontrar y redistribuir la tierra allí donde durante décadas se la arrebataron al campesinado. Aquí, donde quisieron imponer la violencia y expulsar a las comunidades, hoy avanza la Reforma Agraria como un acto de justicia, de reconstrucción y de paz. Hemos avanzado en la entrega de tierras, en la protección de 667 mil hectáreas para la producción de alimentos y en la recuperación de ciénagas, playones y bienes públicos, pero este proceso no puede detenerse. La Reforma Agraria debe consolidarse como una política de Estado para garantizar tierra, agua, producción y dignidad para las próximas generaciones“
A su vez, el Ministerio del Trabajo abordó la crítica realidad del trabajo rural en Colombia, marcada por la alta informalidad y la falta de garantías para millones de trabajadores del campo, y presentó el avance del Gobierno con el jornal agropecuario como una nueva figura que reconoce la estacionalidad del sector, garantizando salario justo, prestaciones y acceso a seguridad social. También destacó cómo la Reforma Agraria busca dignificar el trabajo campesino, reducir la intermediación laboral y avanzar hacia la formalización con enfoque social.
Al respecto, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, expresó: “En Colombia más de 3,4 millones de personas sostienen el campo, pero más del 80 % lo hace en la informalidad, sin pensión ni seguridad social. Hoy cambiamos esa realidad: con el jornal agropecuario garantizamos pago mínimo diario más un 30 % prestacional, cotización por días o semanas y la formalización de más de 4 millones de trabajadores rurales, porque la estacionalidad no puede seguir siendo excusa para negar derechos”.
De otro lado, el Instituto Nacional de Vías (Invías), a través de su director general, Juan Guillermo Jiménez, manifestó que Tierralta se consolida hoy como el municipio con mayor número de Caminos Comunitarios de la Paz Total en Colombia, con 76 convenios firmados para igual número de caminos y una inversión superior a 18.600 millones de pesos. Allí se intervinieron 14 kilómetros de placa huella, lo que refleja una comunidad organizada, capaz de ejecutar recursos públicos y convertir la infraestructura en oportunidades reales para el campo.
Jiménez afirmó que “hoy estamos trabajando con la gente, porque son ellos quienes mejor conocen su territorio y estamos convencidos de que esta reforma agraria es integral. Con los Caminos Comunitarios de la Paz Total tenemos tres grandes razones para continuar con este programa: acceso a los mercados, valorización de la propiedad y reducción de la intermediación; necesitamos que los campesinos puedan negociar directamente sus productos en los mercados y centros de acopio”.
Durante su intervención, el director de Invías también anunció que la entidad avanza decididamente en la puesta en marcha del contrato del puente Palmira, en Tierralta, conscientes de la importancia estratégica que esta obra tiene para la región.
A través de estas acciones, el Gobierno del presidente Gustavo Petro continúa demostrando su compromiso con la transformación de las regiones del país.
