ANT lidera megaoperativos de recuperación y entrega de predios en Magdalena, Córdoba y Puerto Boyacá

La Reforma Agraria liderada por el presidente Gustavo Petro Urrego sigue su curso a marcha acelerada en todo el territorio colombiano. En esta oportunidad, bajo la coordinación y acción decidida de la Agencia Nacional de Tierras —ANT—, adelantó una serie de operativos simultáneos en los departamentos de Magdalena, Sucre y Córdoba, como también en la subregión Magdalena Medio.

“En los últimos días, recuperamos tierras que durante años fueron ocupadas de manera irregular. Ahora las ponemos al servicio de la Reforma Agraria y de las comunidades históricamente excluidas”, fue contundente el director de la ANT, Juan Felipe Harman, que estuvo al frente de los operativos, acompañado de la fuerza pública.

Acciones en Magdalena

En Magdalena, concretamente en la Sierra Nevada de Santa Marta, la ANT lideró la recuperación de los bienes rurales La Fe, con una extensión de 91 hectáreas (ha); Quimbaya, de 89 ha, y El Refugio, de 59 ha.

La Fe, en Guachaca, del Distrito de Santa Marta, fue entregado por la máxima autoridad de tierras de la nación a la comunidad indígena Kogui, hecho que marca un hito en restitución de derechos territoriales y reparación histórica a pueblos ancestrales del Caribe.

“Se trata de un territorio profundamente importante para el desarrollo y el buen vivir de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada. Este espacio no es solo tierra, es vida, es equilibrio y es el corazón de nuestra existencia como pueblo, protegemos la naturaleza y resguardamos los sitios sagrados”, remarcó el gobernador kogui del Magdalena, Atanacio Moscote Gil, cuya comunidad que lidera llevaba más de 15 años sin recibir tierras del Estado.

Estas tierras, que fueron baldíos adjudicados para el desarrollo agrario, terminaron siendo utilizados para el control territorial, el narcotráfico y el lavado de activos de estructuras armadas lideradas por el otrora jefe paramilitar Hernán Giraldo Serna.

“Para la Agencia Nacional de Tierras, es muy importante la entrega de este predio porque nos permite resolver una situación crítica de hacinamiento en la Sierra Nevada de Santa Marta. Estas comunidades han venido enfrentando la falta de alimentos y las limitaciones para cultivar en sus propias tierras, lo que ha afectado su desarrollo”, enfatizó el subdirector de Seguridad Jurídica de Tierras, de la ANT, Julián Ballén.

Los predios Quimbaya y El Refugio pasarán a manos campesinas, lo cual consolida una intervención integral en la Sierra Nevada.

Tarea hecha en Córdoba

En Córdoba, la Agencia recuperó el predio No hay como Dios, de 22 ha, ubicado en zona rural de Montería. Este bien rural, que perteneció al excongresista Otto Bula, condenado por recibir sobornos de la multinacional Odebrecht, fue entregado a integrantes de la comunidad indígena del pueblo Zenú.

“Queremos iniciar este momento con armonización, pidiéndoles permiso a los espíritus, elementos sagrados de nuestra cosmovisión Zenú, como lo son el agua, el aire, el fuego y la tierra. Es un sueño que se ha hecho realidad tener este espacio”, se mostró agradecido el líder de la comunidad indígena Zenú, Iván Negrete.

Villa Inés es otro predio, de 26 ha, que está en jurisdicción de Montería y el cual fue recuperado por la entidad. Perteneció al exparamilitar Gildardo Enrique Ospina, alias ‘San Tropel’, condenado por la masacre de 43 personas perpetrada en Pueblo Bello, en Turbo, Antioquia.

En el municipio de Valencia recuperó 39 predios, lo correspondiente a 691 hectáreas (ha). Muchos de estos, que estaban bajo la administración del Fondo para la Reparación de las Víctimas y la Sociedad de Activos Especiales (SAC), durante años fueron de estructuras ilegales.

Otra acción hecha en Cereté permitió aprehender un predio en el sector Villa Fátima, de 68 ha, que estuvo vinculado a Camilo Torres Martínez, alias ‘Fritanga’, y Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, condenados por narcotráfico. También recuperó dos predios, Lote 1 (de 105 ha) y Lote 2 (de 83 ha).

“Estos bienes rurales serán entregados a organizaciones campesinas-pescadoras de la Ciénaga de Corralito”, afirmó la directora de Gestión Jurídica de Tierras, de la ANT, Ana Jimena Bautista.

En total, la entidad aprehendió 44 predios (995 hectáreas) en el departamento. El restante de los predios serán destinados a comunidades cordobesas que por más de 30 años han trabajado la tierra sin tener acceso a la propiedad y a algunas de las cuales fueron afectadas por las lluvias de febrero pasado, ocasionadas por el frente frío.

Estos operativos en el departamento están enmarcados en la respuesta a la emergencia decretada por el Gobierno nacional para atender a las comunidades afectadas por las inundaciones ocurridas en febrero pasado a causa del frente frío.

Recuperaciones en Puerto Boyacá

En Puerto Boyacá, subregión Magdalena Medio, la Agencia Nacional de Tierras recuperó 21 predios que abarcan 1.872 hectáreas en territorios históricamente marcados por la presencia de economías ilegales y estructuras armadas.

Los bienes rurales La Gloria, Hoy Jamaica, Hacienda La Herradura, La Aurora, La Estrella, El Almendral, La Ponderosa, LT Sin la Gloria, El Rincón, Hacienda El Edén, Las Brisas, El Martirio, Parte de Ojo de Agua, Santa Marta, El Recreo, El Prado, La Primavera, La Esperanza 1, La Esmeralda, Tierra Bella y La Fredy. Todos han estado vinculados a procesos de extinción de dominio, medidas cautelares y administración por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

“Estas hectáreas serán asignadas a comunidades campesinas vulnerables para que tengan acceso legal a la tierra y así produzcan alimentos y fortalezcan sus economías. Y esto es más relevante aún porque Puerto Boyacá tiene una historia muy fuerte de violencia”, aseguró el asesor de la Dirección General de la ANT, Javier Marín.

Casos emblemáticos como El Recreo, El Prado y La Primavera evidencian cómo estos predios fueron utilizados para el ocultamiento de activos ilegales. Otros predios como Las Brisas, El Martirio, La Esmeralda y La Fredy reflejan la estrecha relación entre la propiedad rural y las dinámicas del conflicto armado en la región.

Con hechos reales de esta naturaleza es posible beneficiar a comunidades campesinas y étnicas que no solo han sufrido los embates del conflicto armado, sino el abandono estatal. Por ello, contribuir a la transformación de estos territorios seguirá siendo clave para combatir la acumulación ilegal de tierras y aportar fortalecimiento de la paz en las regiones.