Vivienda por autogestión: una promesa cumplida del Gobierno nacional
Los hogares de menos ingresos del país, que carecen de acceso al sistema crediticio y financiero, podrán ser beneficiarios de Subsidios Familiares de Vivienda para construir sus propias unidades habitacionales, en el marco del programa de autogestión presentado por el Gobierno nacional a través del Decreto 585 del 30 mayo de 2025.
Este decreto es un acto de reconocimiento a las comunidades que históricamente han construido sus viviendas y hábitat a partir de sus propios saberes, esfuerzos y redes de apoyo.
Se trata de un programa que involucra la colaboración de organizaciones sociales y comunitarias, para que tanto en suelos urbanos como rurales puedan desarrollar procesos de autogestión de vivienda.
El programa está dirigido a organizaciones populares de vivienda (OPV), juntas de acción comunal, cooperativas, resguardos indígenas, consejos y demás organizaciones comunitarias, para desarrollar vivienda en suelos urbanos, rurales y en territorios colectivos.
Estas organizaciones podrán desarrollar procesos de autogestión cumpliendo con los requerimientos técnicos, urbanísticos y demás normas que apliquen en cada entidad territorial, además deben estar habilitadas por las autoridades competentes para el recaudo de recursos financieros, en los casos que se requiera, avanzando así de manera segura y responsable en el acceso de soluciones habitacionales adecuadas y dignas.
El Decreto contempla un Subsidio Familiar de Vivienda (SFV) de 70 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), equivalentes hoy a $99 millones de pesos. Y en zonas dispersas como la región Amazónica o el departamento del Chocó, este subsidio puede llegar hasta los 100 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), alrededor de $140 millones de pesos.
La autogestión se desarrolla bajo dos modalidades: la autoconstrucción, con el acompañamiento técnico, administrativo y financiero del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; o la construcción delegada, contratando a profesionales como arquitectos e ingenieros, o firmas constructoras, para que diseñen y ejecuten la obra conforme a la normativa vigente.
Este modelo fortalece la autodeterminación colectiva, fomenta el autogobierno, y promueve el uso responsable de los recursos. A su vez, consolida a las comunidades como sujetos de derecho y agentes activos en el desarrollo de sus territorios. Además, impulsa la economía popular y dinamiza las economías locales.
Desde el Gobierno Nacional extendemos una invitación a las entidades territoriales y a las organizaciones comunitarias del país a vincularse a esta transformación y a impulsarla de manera conjunta.
