Unidad para las Víctimas participa de la primera sesión de la Comisión Intersectorial para la región del Catatumbo

La directora general (e) de la Unidad para las Víctimas, Gloria Cuartas Montoya, participó este lunes en la instalación de la Comisión Intersectorial para la región del Catatumbo, que abarca los municipios del área metropolitana de Cúcuta, así como los municipios de Río de Oro y González (Cesar), en cumplimiento del Decreto 253 de 2025.

El evento, liderado por la Consejería Presidencial para las Regiones, contó con la participación de los diferentes ministerios y entidades del Gobierno nacional; las y los alcaldes de Río de Oro y González (Cesar), Hacarí, Teorama, Ocaña, Convención, Ábrego, San Calixto y Tibú (Norte de Santander), así como el delegado de la Alcaldía de Sardinata, y la consejera departamental para la articulación interinstitucional de la Gobernación de Norte de Santander.

Durante la jornada, las y los alcaldes expresaron su preocupación por la situación de seguridad que enfrentan para cumplir con su labor y solicitaron una mayor presencia institucional. Además, hicieron un llamado a agilizar la aprobación y ejecución de proyectos que beneficien a la población del Catatumbo, con el fin de generar una inversión social efectiva en la región.

“En primera medida celebramos esa iniciativa del Gobierno nacional, pero queremos como alcaldes que las obras, los proyectos y esas iniciativas se hagan de manera más práctica, contundente, con mayor celeridad dentro del territorio. Son muchos los proyectos estratégicos para la región. El tema de transporte, vías terciarias, es algo contundente que puede mejorar la economía de los campesinos; el tema de la sustitución de los cultivos ilícitos por cultivos legales, lo que llamamos la reconvención del tema agropecuario es trascendental para que se pueda mejorar la economía del campesino. Esas son dos líneas estratégicas, el fortalecimiento institucional de cada una de las administraciones locales, que se requieren para que en verdad se hable de una construcción de paz porque la construcción de una paz estable y duradera no solamente es el

cese de los fusiles, sino que en verdad en los diferentes sectores del Gobierno que ya están establecidos, vivienda, saneamiento básico y los tres ejes que menciono. Lo que se requiere es que de verdad se ejecuten esas obras para que la paz pueda llegar a nuestros territorios y que los campesinos pasen de ese conflicto que ha afectado el tejido social, a una paz con dignidad”, afirmó Robeiro Muñoz Pérez, alcalde del municipio de Hacarí.

Uno de los principales acuerdos de la Comisión fue coordinar acciones interinstitucionales rápidas y efectivas para asegurar que todas las entidades del Gobierno, junto con los ministerios, las alcaldías y la Gobernación, lleguen al territorio con soluciones concretas en el menor tiempo posible. En los próximos días, se convocará una nueva reunión para coordinar estos esfuerzos y garantizar la llegada efectiva de la institucionalidad.

Por su parte, la directora general (e) de la Unidad para las Víctimas, Gloria Cuartas Montoya, destacó la importancia de atender la emergencia en la región del Catatumbo con la presencia del Gobierno nacional en el territorio, asegurando que se contará con un equipo dedicado exclusivamente a este tema, pero profundamente vinculado al contexto local.

“En la mesa ampliada intersectorial participan funcionarios de todos los ministerios, en cumplimiento de una directriz del presidente de la República, pero también con los alcaldes y la Gobernación de Norte de Santander. Ellos nos han solicitado ser protagonistas en este proceso, no solo para la atención a las víctimas, sino para incluirlos de manera activa en este esfuerzo”, expresó la directora general (e).

Es importante resaltar que la Unidad para las Víctimas ha estado presente en el Catatumbo atendiendo la emergencia humanitaria desde su inicio, distribuyendo más de 10.326 ayudas humanitarias.

“La Unidad para las Víctimas tiene un plan de atención a la emergencia, que incluye procesos de retorno, acompañamiento a personas en zonas de confinamiento y el registro de víctimas. Nuestra experiencia de más de 30 años en el acompañamiento a las zonas de conflicto nos da la autoridad moral para instar a todos los actores a respetar los derechos de la población civil no combatiente y garantizar retornos seguros con acompañamiento. Aprecio profundamente el rol de la Defensoría del

Pueblo, los alcaldes y las organizaciones sociales del Catatumbo, ya que sin su colaboración sería imposible avanzar en la búsqueda de soluciones para los retornos”, añadió Cuartas Montoya.

Finalmente, la directora general (e) reafirmó el compromiso del Gobierno nacional con las comunidades afectadas por el conflicto y subrayó la importancia de fortalecer la articulación interinstitucional para atender sus necesidades de manera integral.