Un millón de hectáreas decididas en procesos agrarios por la ANT: 335 mil hectáreas se declararon baldías 

La Agencia Nacional de Tierras (ANT), bajo el liderazgo de Juan Felipe Harman, continúa ordenando la propiedad rural en Colombia mediante la recuperación de bienes de la Nación y el fortalecimiento de la seguridad jurídica sobre la tierra para miles de familias campesinas y comunidades étnicas. A través de los procesos agrarios, la entidad ha dado respuesta a conflictos históricos relacionados con la propiedad rural, la ocupación indebida de tierras públicas, la delimitación entre bienes de la Nación y propiedades privadas, así como con la protección de ecosistemas estratégicos.

Entre agosto de 2022 y junio de 2026, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) resolvió procesos agrarios sobre más de un millón de hectáreas mediante la decisión de 3.669 expedientes en diferentes regiones del país. Estas actuaciones permitieron esclarecer la situación jurídica de miles de predios rurales, recuperar terrenos de propiedad de la Nación ocupados de manera irregular y brindar mayor seguridad jurídica tanto a comunidades campesinas como a propietarios privados.

Los resultados evidencian un importante volumen de actuaciones en departamentos como Meta, Córdoba, Boyacá y Sucre, territorios que concentran buena parte de los procesos agrarios adelantados por la entidad.

Como resultado de las decisiones adoptadas en los procesos agrarios, la Agencia Nacional de Tierras recuperó 335.000 hectáreas de baldíos de la Nación, equivalentes al 33 % del área objeto de decisión. Estos terrenos fueron incorporados al Fondo Nacional de Tierras para su destinación a familias campesinas y comunidades étnicas, en el marco de la Reforma Agraria.

Asimismo, se estableció que el 67 % restante corresponde a predios de propiedad privada, otorgando seguridad jurídica sobre su titularidad a terratenientes, ganaderos y demás particulares.

“Estas decisiones demuestran que los procesos agrarios son una herramienta fundamental para el ordenamiento de la propiedad rural. Nos permite resolver conflictos históricos relacionados con la ocupación, el uso y la tenencia de los predios rurales”, explicó Ana Jimena Bautista, directora de Gestión Jurídica de Tierras de la Agencia Nacional de Tierras.

Con la recuperación de estas hectáreas baldías de la nación y su incorporación al Fondo Nacional de Tierras, la ANT avanza en el acceso equitativo a la tierra, uno de los principales objetivos de la política de Reforma Agraria del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Cuatro procesos para ordenar la tierra

Para Julián Ballén Reina, subdirector de Seguridad Jurídica de Tierras de la ANT, uno de los avances más importantes corresponde a los procesos de clarificación de la propiedad privada que se han desarrollado especialmente en el altiplano cundiboyacense.

“En materia de procesos agrarios, tenemos cuatro procesos. El primero, la clarificación de la propiedad privada, regionalizada específicamente en el altiplano cundiboyacense. Allí estamos determinando naturaleza jurídica y se ha hecho gestión con títulos históricos que hoy generan seguridad jurídica para las familias de esta región”, señaló el funcionario.

El segundo proceso corresponde a deslinde de tierras de la Nación, particularmente en departamentos como Cesar, Córdoba y Sucre, donde se han tomado decisiones sobre complejos cenagosos estratégicos como Amanzaguapos, Machado y La Zapatosa.

“Estas decisiones generan seguridad jurídica para los campesinos anfibios de estas regiones, fortalecen la seguridad alimentaria y permiten que las familias que históricamente habitan estos territorios puedan desarrollar sus actividades productivas de manera adecuada”, añadió el funcionario.

La recuperación de baldíos impulsa la Reforma Agraria

El tercer proceso corresponde a la recuperación de baldíos de la Nación ocupados de manera indebida por particulares. Este es el procedimiento que más aporta a la cifra nacional de hectáreas recuperadas, con una alta concentración de casos en la altillanura colombiana.

Estas actuaciones permiten reincorporar al patrimonio público predios que deben destinarse a familias campesinas y comunidades étnicas que no tienen tierra o la poseen de manera insuficiente.

“Estos predios baldíos de la Nación, ubicados principalmente en la altillanura colombiana, han permanecido en tenencia de personas que no son sujetos de la Reforma Agraria. Con estas decisiones estamos revirtiendo esa situación para garantizar que la tierra pública sea destinada a las familias campesinas que por décadas han luchado por un pedazo de tierra”, afirmó Ricardo Romero Cabezas, subdirector de Procesos Agrarios de la Agencia Nacional de Tierras.

Un hito en la protección ambiental

La gestión agraria también registró avances históricos en materia ambiental mediante los procesos de extinción administrativa del derecho de dominio.

Por primera vez en la historia del régimen agrario colombiano, la ANT adoptó siete decisiones relacionadas con inmuebles ubicados en ecosistemas cenagosos, particularmente en la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, al evidenciar incumplimientos de la función ecológica de la propiedad.

Para Ricardo Romero Cabezas, subdirector de Procesos Agrarios de la ANT, estas decisiones representan uno de los avances más relevantes del Gobierno del presidente Gustavo Petro en la protección de ecosistemas estratégicos y en la aplicación de los principios constitucionales que orientan el uso de la propiedad rural.

“La propiedad privada en nuestro país se respeta y la Agencia Nacional de Tierras ha actuado en estricto cumplimiento de ese principio. Sin embargo, la Constitución establece que toda propiedad debe cumplir una función social y ecológica. Por primera vez se han adoptado siete decisiones sobre inmuebles ubicados en ecosistemas cenagosos por el incumplimiento de esa función ecológica, lo que marca un hito en el ejercicio de las facultades de la Autoridad Nacional de Tierras”, destacó Romero Cabezas.

Estas decisiones promueven una relación más equilibrada entre el uso productivo de la tierra y la conservación ambiental.

Con estas decisiones, la Agencia Nacional de Tierras demuestra que la Reforma Agraria también se construye garantizando seguridad jurídica, recuperando el patrimonio público y haciendo cumplir la función social, y ecológica de la propiedad. Más de un millón de hectáreas objeto de decisiones agrarias reflejan una transformación sin precedentes en el ordenamiento de la propiedad rural, que hoy le devuelve a la Nación tierras que nunca debieron salir de su patrimonio y brinda certeza jurídica a miles de propietarios y comunidades en todo el país.