Ministerio de Educación y Fiscalía intervienen secretarías de educación de Magdalena y Santa Marta por irregularidades en nómina y recursos

El Ministerio de Educación Nacional, en una acción conjunta con la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Ministerio de Hacienda y la Fiscalía General de la Nación, ha iniciado un ciclo de auditorías integrales en las Entidades Territoriales Certificadas de Magdalena y Santa Marta. La intervención responde a hallazgos críticos relacionados con el presunto manejo irregular de la planta de personal y el uso indebido de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP).

Las investigaciones han revelado situaciones de alta gravedad que comprometen la integridad del servicio educativo en la región por lo que la Fiscalía investiga presuntas irregularidades relacionadas con la alteración no autorizada de datos en el Sistema Humano, lo que ha impactado directamente en la liquidación de la nómina. También se detectaron casos de docentes trasladados entre entidades que continúan recibiendo salarios de ambas fuentes, generando pagos dobles.

En Magdalena, se identificaron 7 sedes urbanas clasificadas erróneamente como zona de difícil acceso; en Santa Marta, se reportaron 3 sedes en la misma situación, incumpliendo el Decreto 1075 de 2015.

Ambas entidades territoriales habrían omitido reportar el número real de vacantes en procesos de traslados y realizado nombramientos directos en cargos directivos, vulnerando el derecho preferencial de carrera de coordinadores y directores rurales.

El Ministerio alertó sobre incrementos salariales para el personal administrativo derivados de acuerdos sindicales que exceden los límites fijados por la Nación. Se reiteró de manera enfática que estos excedentes no pueden ser financiados con recursos del SGP, lo que genera una presión fiscal indebida sobre las administraciones locales.

A pesar de que en 2026 la ETC Magdalena logró superar la suspensión de giros que enfrentaba desde 2024, el Gobierno del Cambio advierte que los avances no garantizan la estabilidad del servicio. Ante este panorama, se han emitido las siguientes directrices estratégicas:

• Establecer un esquema robusto en los sistemas de información fundamentado en roles y perfiles claramente definidos.

• Crear procesos que aseguren la trazabilidad completa de cualquier modificación realizada en los sistemas de información.

• Activar mecanismos de revisión de logs y generación de alertas tempranas para identificar actividades inusuales.

• Garantizar la división de tareas y promover una cultura institucional enfocada en la protección de datos.

• Potenciar la gestión administrativa, financiera y del talento humano dentro de la entidad.

• Implementar acciones para reducir de manera efectiva los riesgos en el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones.

• Asegurar la adecuada prestación del servicio de educación en el territorio.

• Aplicar la normatividad vigente en el nombramiento de encargos para proteger los derechos de carrera de los educadores de planta.

• Auditar el proceso de traslados y la oferta de vacantes para no vulnerar los derechos de los docentes de carrera.

Esta intervención forma parte de una estrategia nacional que focaliza a 10 entidades territoriales con situaciones críticas, siendo Magdalena la primera en recibir la auditoría conjunta para cerrar brechas estructurales en la gestión educativa.