Más de 165.000 víctimas del conflicto armado son atendidas por Prosperidad Social en el Magdalena

“El rediseño de las políticas y los programas de Prosperidad Social responde al compromiso del Gobierno del Cambio en ofrecer soluciones duraderas que permitan la reconstrucción definitiva de los proyectos de vida de las víctimas del conflicto armado”. El Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas, el director de la entidad, Gustavo Bolívar Moreno, recordó así la deuda que el Estado tiene con esta población y ratificó el compromiso del gobierno con su reparación y con la construcción de la paz total.

La atención vigente en Magdalena cubre a 165.945 víctimas de desplazamiento forzado con programas de transferencias monetarias, y a 3.865 con el programa de atención integral con enfoque diferencial, Familias en Su Tierra, que tiene una inversión de más de 43.579 millones de pesos.

La gerente regional de Prosperidad Social en este departamento, Liliana Escudero Mezquida, (@LILIANAESCUDERO), afirmó que, “Magdalena es uno de los departamentos que ha sufrido el flagelo del conflicto armado y desde el gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de Prosperidad Social, trabajamos en la atención y reparación de las víctimas, aportando a su estabilización social y económica”.

En Magdalena, 165.945 víctimas están siendo beneficiadas por los programas de Prosperidad Social. Con el programa Colombia Mayor se atienden 18.740 personas mayores, con la Compensación del IVA a 45.918 personas, a través de Renta Ciudadana se benefician 96.712 hogares y con Renta Joven a 4.575 participantes. Estas cifras reflejan el alcance de la política social del Gobierno Nacional en favor de las poblaciones más vulnerables del departamento.

Aunque esa es la mayor parte del volumen de la inversión, otros programas más concentrados en la intervención integral han sido fundamentales para lo que la entidad aporta a la reparación y para el camino de transformación hacia las soluciones duraderas. Familias en su Tierra es un programa de atención integral, que en 2024 destinó más de 43.579 millones para acompañar a 3.865 hogares víctima de desplazamiento en su camino hacia la integración social y comunitaria, el acceso a alimentos para autoconsumo, el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y la generación o fortalecimiento de proyectos productivos.

El presidente Gustavo Petro y el director de la entidad han insistido en que los programas sociales deben fortalecer a la población y el tejido social que han construido para que dejen que depender de las ayudas al Estado. En esa línea, Prosperidad Social participa en la formulación del CONPES de Soluciones Duraderas, que busca contribuir a la garantía de derechos y transformación de proyectos de vida de la población víctima de desplazamiento forzado.

“Desde el año pasado, estamos trabajando muy de la mano con la Unidad para las Víctimas y el Departamento Nacional de Planeación en la construcción de este CONPES, en tres focos de intervención: articulación y coordinación interinstitucional; aplicación efectiva de los principios de concurrencia y complementariedad para la articulación entre la nación y los territorios; y adecuación institucional y de oferta programática para prestar servicios sociales adecuados que fortalezcan las capacidades de la población y contribuyan a la cohesión social”, informó Bolívar.

El objetivo del CONPES es mejorar los procesos de articulación y coordinación interinstitucional, para avanzar en la estabilización socioeconómica de la población víctima de desplazamiento, y prestar servicios sociales pertinentes, que brinden respuestas sostenibles y que atiendan efectivamente las vulnerabilidades derivadas del desplazamiento.

En 2023, la incidencia de la pobreza monetaria para la población víctima de desplazamiento forzado fue de fue 47,2 %, informó el DANE en la más reciente medición. Son 4 puntos porcentuales menos que en 2022, pero casi 14 p.p. más con respecto a la incidencia nacional (fue de 33 % en 2023). Son cifras que demuestran que la situación de desigualdad del país es peor para las víctimas del conflicto. La pobreza extrema para la población víctima de desplazamiento fue de 17,8 % en 2023 (6,4 p.p. más que la incidencia nacional).