La JEP reconoce a Carlos Caicedo como víctima del conflicto armado y sienta un precedente histórico sobre persecución política y judicial

Mediante el Auto OPV 677 del 18 de junio de 2025, la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas resolvió acreditar a Caicedo como interviniente especial y concluyó que los hechos de estigmatización, persecución judicial y hostigamiento sistemático que sufrió, no fueron incidentes aislados, sino parte de una estrategia de exclusión política estructural, hechos fácticos que lo convierten en víctima directa de un sistema político-armado que lo persiguió.

La JEP advirtió que la eliminación del opositor no solo se ejecuta mediante violencia armada directa, sino también a través de formas más sutiles pero igualmente destructivas, como el hostigamiento judicial, la difamación y la destrucción reputacional. Esta interpretación amplía el enfoque de la justicia transicional, al incluir formas de violencia política que tradicionalmente han sido invisibilizadas.

Carlos Caicedo fue víctima de montajes judiciales, campañas de desprestigio y uso de falsos testigos, especialmente durante su gestión como rector de la Universidad del Magdalena (1997–2006), cuando impulsó procesos de transparencia institucional y enfrentó redes clientelares ligadas al paramilitarismo. Su posterior trayectoria política estuvo marcada por intentos sistemáticos de vincularlo con estructuras armadas, privaciones injustas de la libertad, acusaciones infundadas y una intensa campaña de estigmatización mediática.

La Sala valoró pruebas presentadas por la defensa, así como decisiones judiciales previas como la sentencia de Justicia y Paz de 2018, que desvirtuó los señalamientos en su contra y evidenció la existencia de un entramado para desviar la verdad del conflicto, mediante el pago de testigos falsos por parte de sectores políticos locales. También tuvo en cuenta el archivo de varias investigaciones por parte de la Fiscalía General en 2023, al no encontrar mérito jurídico en las acusaciones.

“Mi caso es el reflejo del sufrimiento de centenares de colombianos que han sido perseguidos con ayuda de un aparato judicial manipulado por intereses oscuros. Durante más de dos décadas enfrenté una persecución que dejó cicatrices imborrables en mi vida pública y personal. La decisión de la JEP marca un precedente. Envía un mensaje claro: la verdad siempre prevalece”, expresó Caicedo tras conocerse la decisión.

Implicaciones históricas y democráticas

Este fallo, además de reivindicar a un líder político injustamente perseguido, también marca un hito en la comprensión de los crímenes de persecución política en Colombia. La JEP establece que delitos como la injuria o la calumnia —cuando hacen parte de una estrategia sistemática de aniquilamiento político— pueden constituir formas de macrocriminalidad, especialmente si se articulan con alianzas entre actores estatales, políticos corruptos y estructuras ilegales.

Con esta acreditación, Caicedo adquiere la calidad de víctima interviniente ante todas las Salas de la JEP, lo que le otorga facultades procesales para participar activamente en la construcción de verdad, justicia y reparación. El caso sienta un precedente para que otras víctimas de persecución judicial, política o mediática puedan ser reconocidas en el marco del sistema de justicia transicional.

Una advertencia contra la impunidad

El fallo de la JEP envía un mensaje contundente a quienes han instrumentalizado el sistema judicial y los medios de comunicación como armas de guerra contra sus adversarios políticos. Deja claro que ninguna forma de persecución debe quedar impune, y que la democracia sólo puede fortalecerse si se garantizan los derechos, la honra y la participación de todas las voces, incluyendo aquellas que se atreven a desafiar los poderes tradicionales.