Informe de la Defensoría del Pueblo revela violencias persistentes contra defensoras de derechos humanos y mujeres lideresas sociales
En el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo presentó el informe ‘Lideresas en riesgo’, una radiografía sobre las condiciones de vulnerabilidad y peligros que padecen las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos en Colombia.
El documento se centra en Nariño, Cauca, Chocó y Antioquia, a partir del seguimiento a 92 recomendaciones emitidas en 2022 en el marco de ProDefensoras, programa de ONU Mujeres, la Embajada de Noruega y la Defensoría para prevenir y atender violencias basadas en género contra mujeres con liderazgos visibles.
El panorama es tan delicado, que en 2024 fueron asesinadas 231 mujeres en los cuatro departamentos, donde se concentran múltiples factores de violencia estructural, alta presencia de grupos armados al margen de la ley, economías ilegales y una respuesta institucional fragmentada. Y entre enero y agosto del 2025, como dato que debe llamar la atención del Estado, 638 fueron asesinadas. Esto representa un aumento del 176%; es decir, 407 mujeres más.
“Esta fecha nos convoca para reconocer a aquellas mujeres que, con su palabra, pero, sobre todo, con su acción cotidiana, transforman realidades marcadas por la violencia, la desigualdad y la discriminación. Conmemoramos a quienes han sido silenciadas, a quienes no nos acompañan o han tenido que abandonar el camino del liderazgo porque la violencia les impidió seguir adelante”, afirmó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante la presentación del informe.
Cauca muestra el deterioro más crítico: entre enero y agosto del 2024, a 67 mujeres las asesinaron; en el mismo periodo del 2025, a 112. Nariño pasó de 38 mujeres asesinadas en 2024 a 119 en 2025. En Antioquia, la situación se agravó: en 2024 se registraron 110 mujeres asesinadas, mientras que en 2025 ya van 379. En Chocó, aunque el número total de homicidios disminuyó al pasar de 250 casos en 2024 a 224 entre enero y agosto del 2025, la situación sigue siendo preocupante.
Contexto general del riesgo
Lo que está ocurriendo pasa por la reconfiguración armada, que se convierte en un factor transversal en los cuatro departamentos; también por las violencias basadas en género, usadas
como mecanismos de control y represión; por riesgos diferenciados y cruzados para mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales, jóvenes y mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Asimismo, por factores de pobreza, desigualdad, baja presencia institucional y el debilitamiento sistemático de los liderazgos de las mujeres.
“Cada mujer que alza la voz por la justicia y por la defensa de los derechos humanos requiere y tiene derecho a garantías plenas para ejercer su liderazgo sin miedo, sin estigmatización y con la libertad que demanda una sociedad donde la democracia pueda ser una realidad. Debemos fortalecer el compromiso colectivo de eliminar todas las formas de violencia, acompañar con firmeza los procesos comunitarios y trabajar incansablemente por un país en el que las mujeres defensoras y lideresas puedan vivir, soñar y ejercer su liderazgo en condiciones de dignidad y seguridad”, aseguró la Defensora del Pueblo.
La respuesta institucional es precaria
Uno de los hallazgos más críticos del informe es la baja implementación de las recomendaciones defensoriales. De las 92 recomendaciones emitidas, solo el 6% presenta un cumplimiento total, el 42% permanece en estado pendiente, el 38% muestra avances parciales y el 14% no presenta ningún tipo de avance verificable.
Adicionalmente, la respuesta estatal es fragmentada, sin enfoque diferencial y sin pertinencia territorial. El análisis de cumplimiento revela patrones comunes en los cuatro departamentos:
● Falta de articulación entre nación–departamento–municipios.
● Medidas de protección con enfoque urbano, que no responden a las realidades rurales, étnicas o comunitarias.
● Altísima rotación de funcionarios y déficit presupuestal, lo cual impide continuidad.
● Respuesta reactiva y asistencialista, más que preventiva.
● Escasa comprensión institucional del riesgo diferenciado para mujeres afrodescendientes, indígenas, campesinas, migrantes y liderazgos LGBTIQ+.
El Estado, en consecuencia, debe asumir su deber reforzado de protección y prevención. Esto implica acciones sostenidas, con enfoque de género e interseccionalidad, participación de las propias lideresas en el diseño de medidas y articulación real entre entidades nacionales y territoriales.
Proteger a las lideresas es proteger la democracia
La defensa de los derechos humanos no puede costar la vida. Las mujeres que lideran procesos de paz, justicia, tierra, ambiente o verdad están siendo atacadas por el poder que representan. La protección integral de su vida, voz y liderazgo es una condición indispensable para el sostenimiento de la democracia y de los derechos colectivos en Colombia.
“No vinimos aquí para hablar de que estamos dispuestas a morir, sino que vamos a vivir y vamos a vivir juntas, y que estar juntas pueda ser una forma de construir este camino y abrirlo cada vez más, aunque el escenario sea tan devastador, tan difícil, tan desesperanzador. Ustedes son la esperanza y vamos a trabajar cada vez más de la mano”, concluyó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
