Gobierno nacional presentó resultados y hoja de ruta para el campo en Tolima con “Cosechando Derechos del Campesinado”

El Gobierno nacional realizó el evento “Cosechando Derechos del Campesinado” en el municipio de Mariquita, Tolima, como un espacio de encuentro directo con las comunidades rurales del departamento. El propósito fue presentar avances, resultados y proyecciones de la gestión institucional en los territorios.

La jornada fue liderada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en articulación con el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud y Protección Social, junto con entidades del orden nacional con presencia en el territorio, orientadas a fortalecer la garantía de los derechos del campesinado.

Durante el evento, el secretario general de ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Ocampo, destacó que en Mariquita se evidencia que detrás de cada hectárea comprada o formalizada existe una apuesta por la dignidad; que cada crédito y proyecto productivo representa un compromiso con la permanencia en el campo; y que el campesinado debe ser reconocido como sujeto central en la construcción del país.

Asimismo, señaló que esta presencia institucional se refleja en resultados concretos, entre ellos: 11.475,2 hectáreas gestionadas para el Fondo de Tierras y 5.778 redistribuidas en el Tolima; 27.968,5 hectáreas formalizadas, de las cuales 27.606 han sido para campesinos y 362,5 para comunidades étnicas; además de 20.520 operaciones de crédito, 2.572 LEC, 13.584 FAG, 1.259 ICR y 1.020 unidades aseguradas. En este contexto, subrayó que el sentido de la Reforma Agraria es que la tierra produzca alimentos, arraigo, justicia social y vida digna para quienes históricamente la han trabajado.

Asimismo, el viceministro de Desarrollo Rural, José Luis Quiroga, afirmó ante el campesinado que durante el actual gobierno no se ha expropiado un solo centímetro de tierra. Por el contrario, señaló que se han entregado miles de hectáreas a campesinos, pueblos indígenas y comunidades negras.

Agregó que las tierras más fértiles del país están siendo protegidas para la producción de alimentos. En el caso del Tolima, precisó que 48.000 hectáreas ya han sido declaradas como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), con el fin de garantizar su uso sostenible y la seguridad alimentaria.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, indicó que la discusión no se limita a los ingresos, sino a la garantía de condiciones mínimas de bienestar. Señaló que el objetivo es promover ingresos dignos, acceso efectivo a derechos y estabilidad, especialmente para quienes se encuentran en la informalidad o en condiciones de vulnerabilidad. Asimismo, explicó que la reforma busca fortalecer el sistema para hacerlo más equitativo, transparente y eficiente, ampliando la protección económica en la vejez.

En materia de salud, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo afirmó que se avanza en acciones concretas en el territorio, destacando que en el Tolima operan 378 equipos básicos de salud con más de 1.800 profesionales, que llevan atención a zonas con acceso limitado a estos servicios.

Desde el SENA, Natalia Grajales, directora del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, señaló que, a través de estrategias como CampeSENA y Full Popular, se desarrollan acciones de formación y extensión campesina orientadas a la transición agroecológica, el fortalecimiento de la soberanía alimentaria y la promoción de circuitos cortos de comercialización. Estas iniciativas buscan mejorar las condiciones de vida de campesinos y campesinas, así como fortalecer sus capacidades productivas, sociales y organizativas.

El evento se desarrolló como un ejercicio de rendición de cuentas en territorio, en el que se presentó un balance detallado de la implementación de la Reforma Agraria en el Tolima, incluyendo hectáreas adjudicadas, procesos en curso, número de beneficiarios y avances en programas de acceso a la tierra y formalización de la propiedad rural.

El director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Gustavo Adolfo Marulanda, destacó que el catastro multipropósito se ha consolidado como una herramienta clave para evidenciar la propiedad de la tierra, contribuir a la reducción de su concentración, identificar la ocupación indebida de baldíos productivos de la Nación y visibilizar inequidades en el pago de impuestos.

Durante la jornada también se presentaron los resultados de la inversión pública ejecutada en el territorio, especialmente en infraestructura rural, distritos de riego y asistencia técnica, orientados al fortalecimiento de la economía campesina.

El evento permitió visibilizar instrumentos de apoyo directo a pequeños productores, con énfasis en el acceso a insumos, crédito y comercialización a través de FINAGRO y el Banco Agrario, así como el impulso a circuitos cortos de comercialización y a las compras públicas locales.

De igual manera, se abordaron estrategias relacionadas con la soberanía y seguridad alimentaria, incorporando un enfoque diferencial que reconoce al campesinado como sujeto de derechos e incluye acciones específicas para mujeres rurales, jóvenes y comunidades étnicas, con programas como el FOMMUR.

En materia de sostenibilidad, se destacaron avances en la promoción de prácticas agroecológicas, procesos de formación liderados por el SENA y medidas de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo agropecuario, impulsadas con apoyo de FINAGRO y el Banco Agrario. También se expuso el desarrollo de las Áreas de Protección para la Producción Agropecuaria (APPA) como instrumento de ordenamiento productivo.

En este sentido, el director general de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), Juan Pablo Sandoval, afirmó que las APPA representan una herramienta clave para garantizar la permanencia de las comunidades campesinas, especialmente frente a presiones derivadas de proyectos de infraestructura y actividades extractivas.

Finalmente, el Gobierno nacional presentó compromisos y líneas de acción para el Tolima, junto con una hoja de ruta orientada al fortalecimiento del desarrollo rural, en articulación con gobiernos locales y organizaciones campesinas. Con este espacio, se reafirma el compromiso institucional con la garantía de derechos, el acceso a la tierra y el fortalecimiento de la economía campesina en el país.