Gobierno nacional articula esfuerzos para insistir en el debate el Proyecto de Ley de Jurisdicción Agraria y reitera llamado al Congreso a decidir
El Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino y el ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cuervo radicó la insistencia al mensaje de urgencia al proyecto de ley ordinaria de Jurisdicción Agraria, instando una vez más al Congreso de la República a avanzar en su discusión y adoptar una decisión de fondo dentro de los tiempos legislativos disponibles.
La ministra Carvajalino fue enfática en señalar que “el mensaje de insistencia no impone decisiones, sino que busca garantizar que estas se tomen”. En ese sentido, reiteró su llamado al Congreso para que adelante un debate público, transparente y democrático, y que las diferencias existentes se resuelvan a través de los mecanismos institucionales de votación. “Después de más de un año sin avances, el país necesita un rumbo claro para avanzar en la implementación de la Jurisdicción Agraria”, señaló.
Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Cuervo, indicó: «estamos ante la pieza que le falta al rompecabezas de la jurisdicción agraria. Este proyecto de ley es una necesidad sentida del campesinado en Colombia para tener un juez natural que resuelva sus conflictos. No podemos ahogarnos en la orilla cuando ya hemos avanzado tanto para brindar seguridad jurídica en el campo, lo cual no solo beneficia a nuestros campesinos, sino también a la inversión en el país. Hacemos una invitación al Congreso para dar esta puntada final antes del 20 de junio.”
El mensaje de urgencia, invocado previamente en octubre de 2024, está contemplado en el artículo 163 de la Constitución Política y es una herramienta que faculta al Gobierno a solicitar que se priorice el trámite de iniciativas legislativas consideradas estratégicas para el país. Su insistencia implica que el Congreso debe pronunciarse en un plazo máximo de 30 días y otorgar prioridad al proyecto en la agenda legislativa.
16 meses en trámite
El Gobierno recordó que esta iniciativa fue radicada en agosto de 2024 y ya surtió su primer debate en comisiones conjuntas en diciembre del mismo año. Sin embargo, han transcurrido más de 16 meses sin que se completen los debates en plenarias, debido a factores como la falta de quórum, la priorización de otros proyectos y las dilaciones en la discusión.
Frente al articulado que esta discusión persiste una tensión en torno a las facultades de administración de tierras baldías en cabeza de la Agencia Nacional de Tierras. El Gobierno ha insistido en que mantener las facultades de identificación, recuperación y administración de los bienes públicos en cabeza de la administración es fundamental para cumplir las metas del Acuerdo de Paz en materia de formalización de 7 millones de hectáreas y la redistribución de 3 millones.
Con el propósito de acercar posiciones, el Gobierno ha participado en decenas de mesas técnicas con organizaciones sociales, centros de pensamiento, academia, altas cortes, gremios y congresistas de distintas bancadas.
El llamado al Congreso es a permitir que las tensiones y desacuerdos se tramiten por los canales democráticos. “Confiamos en que el Congreso resuelva esta tensión y adopte la decisión que considere más conveniente, en ejercicio de su autonomía y atendiendo a la voluntad democrática”, indicó el Gobierno.
Importancia del proyecto
El proyecto de ley de Jurisdicción Agraria es una pieza clave para avanzar en la implementación de la reforma agraria y la Reforma Rural Integral, al establecer reglas claras para la resolución de conflictos sobre la tierra, la administración de baldíos y la garantía de seguridad jurídica en el campo.
La falta de decisión pone en riesgo el avance de temas fundamentales como la recuperación de tierras indebidamente ocupadas, la formalización de la propiedad rural y la reducción de la incertidumbre jurídica.
Finalmente, se destacó que el Congreso cuenta con una ventana limitada para tramitar los debates pendientes antes del cierre del periodo legislativo, el próximo 20 de junio. De no lograrse, el proyecto podría ser archivado, obligando a iniciar nuevamente todo el trámite.
La insistencia en el mensaje de urgencia busca precisamente evitar este escenario y asegurar que el país cuente con una decisión clara sobre una de las reformas más relevantes para el desarrollo rural.
El Gobierno nacional reitera su disposición al diálogo y su respeto por el Congreso, al tiempo que hace un llamado a priorizar el interés general y avanzar en las decisiones que el país necesita.
