Desarticulada ‘Puerto Hong Kong’, una de las mayores redes de tráfico de madera en el sur del país
En una operación conjunta y contundente, la Fiscalía General de la Nación —a través de la Fiscalía Sexta Especializada de la Dirección contra los Delitos Ambientales—, la Policía Nacional y el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (Conaldef) desarticularon la red delincuencial ‘Puerto Hong Kong’, dedicada al tráfico ilícito de madera en Nariño, Putumayo y Amazonas.
Las investigaciones evidencian que esta organización generaba altas rentas ilícitas anuales mediante la extracción y comercialización ilegal de productos forestales a través de transacciones económicas de manera irregular, violando de manera sistemática la normativa ambiental. La madera era transportada y vendida en Bogotá, Cali, Pasto y Boyacá, consolidando una cadena que se extendía por varios departamentos.
En la operación fueron capturadas 17 personas, entre ellas tres funcionarias de Corpoamazonía —la secretaria ejecutiva y dos contratistas— señaladas de facilitar las actividades criminales mediante decisiones contrarias a la ley ambiental y en presunto ejercicio extralimitado de sus funciones.
“La protección del bioma amazónico exige acciones integrales: conservación, restauración y una lucha decidida contra los crímenes ambientales. Hoy avanzamos en la contención de la deforestación, la minería ilegal y el tráfico de especies gracias a un trabajo articulado. Esta operación demuestra los resultados concretos que alcanzamos bajo la coordinación del Conaldef, que integra a la Fuerza Pública, la Fiscalía y las entidades ambientales para enfrentar estas amenazas con contundencia”, afirmó la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres.
Las acciones de esta red impactaron gravemente zonas de especial protección ambiental, entre ellas el Parque Nacional Natural Yaguas (Perú), el Parque Nacional Natural Amacayacu y áreas protegidas del sector Tarapacá (Amazonía colombiana), revelando la dimensión transfronteriza del daño ambiental.
La Fiscalía, la Policía Nacional y el Conaldef reiteraron que la lucha contra los delitos ambientales es una prioridad estratégica, basada en investigación judicial, control territorial y fortalecimiento institucional, con el fin de desmantelar organizaciones que ponen en riesgo el patrimonio ecológico y la seguridad de los colombianos.
