Defensoría del Pueblo presenta radiografía sobre vulneración de derechos humanos en el Cauca

Como resultado del seguimiento y acompañamiento que realiza la Defensoría del Pueblo al departamento del Cauca, la entidad presentó el informe Cauca: voces que resisten 2024-2025, en el cual se detalla la situación de vulneración y violación de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) que padece la población que habita en el departamento.

Las dinámicas derivadas del conflicto armado, de las acciones cometidas por la criminalidad organizada, de las economías ilícitas, como el narcotráfico, entre otros fenómenos, tienen al Cauca sumido en una crisis que necesita ser atendida de manera integral por la institucionalidad estatal en su conjunto.

“Quiero iniciar la presentación de este informe recordando a Carmelina Yule, lideresa indígena Nasa, coordinadora del movimiento ‘Mujer, hilando pensamiento’ y del ‘Plan de vida propio del proyecto Nasa’, asesinada en marzo del 2024 cuando salió con la Guardia Indígena a recuperar un joven que había sido reclutado por el Estado Mayor Central de la línea de ‘Mordisco’. La historia de Carmelina es la historia del Cauca y de decenas de lideresas y líderes que se resisten a aceptar que el departamento es tierra de dolor o de falta de futuro para sus adolescentes, sus jóvenes, sus comunidades, para toda su gente”, remarcó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante la presentación del documento defensorial, llevada a cabo en Popayán.

Los municipios focalizados por la Defensoría del Pueblo, a través de sus 26 Alertas activas, son Timbiquí, Toribío, Silvia, Suárez, Sucre, Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Popayán, Patía, Páez, Morales, Miranda, López de Micay, Jambaló, Guachené, Guapi, El Tambo, Corinto, Caloto, Caldono, Cajibío, Bolívar, Buenos Aires, Almaguer y Argelia.

Los grupos armados al margen de la ley que delinquen en Cauca, cuyo fin es ejercer control territorial y social para fortalecer su presencia y economías ilegales, son la disidencia

Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) —con la que ha habido avances en un diálogo de paz—, la disidencia Nuevo Estado Mayor Central (Nuevo EMC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a través de sus distintos frentes y estructuras. A ello se suma la incursión en el departamento de carteles mexicanos, como Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa.

Formas de violencia

El contexto de violencia sistemática se da con la ocurrencia de homicidios selectivos, masacres, lesiones personales, entre otros hechos. Para 2024, en el departamento se registraron 827 asesinatos, 564 de ellos tuvieron lugar entre enero y agosto. Y en comparación con el mismo periodo del 2025, hubo 524. Entre 2024 y los primeros 9 meses del 2025, 18 masacres ocurrieron en el departamento, 13 en 2024 y 5 este año.

La Defensoría, asimismo, en 2024 identificó y atendió 68 casos de mujeres que fueron víctimas del conflicto armado, 3 de los cuales se configuraron en homicidios. Y en el primer semestre del año en curso, de 33 casos, 4 fueron homicidios.

En relación con las desapariciones forzadas, fueron reportados 42 casos de desaparición forzada, 18 corresponden al año 2024 y 24 al año 2025, según datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). Popayán es el municipio donde más casos se registraron, con 31; le siguen Caldono con 7 y Miranda, Guapi, Corinto y Caloto con 1 cada uno.

“Decidimos profundizar en las realidades del departamento, en su dolor, en las causas profundas de la violencia, y ofrecer un panorama actualizado sobre las vulneraciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario, identificando patrones de violencia, actores armados involucrados y, sobre todo, las respuestas institucionales, las que existen y las que todavía no han llegado”, aseguró la Defensora del Pueblo.

Desplazamientos y confinamientos

Sobre el desplazamiento forzado, la Defensoría del Pueblo identificó que este fenómeno involucra actividades asociadas a cultivos de uso ilícito, disputas territoriales por el control de corredores ilegales, reclutamiento forzado, enfrentamientos armados, entre otros factores.

De 105 eventos de desplazamiento masivo en todo el país en 2024,16 se presentaron en el Cauca, afectando a más de 2.650 familias, lo que lo sitúa como uno de los territorios con mayor incidencia de este hecho. En lo que va del 2025, la entidad ha registrado 14 eventos de la misma naturaleza en el departamento, fenómeno que ha afectado a alrededor de 1.300 familias.

El confinamiento también causa preocupación, pues de 75 casos ocurridos en Colombia durante el 2024, 6 fueron en el Cauca (cerca de 1.400 familias afectadas). Y entre enero y septiembre de este año, iban 8 casos (más de 2.845 familias perjudicadas).

Otras afectaciones

En comparación con el 2023, cuando se reportaron 277 casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes (NNA), en 2024 hubo 376 casos, un aumento del 36% en los casos registrados por la Defensoría en Cauca. Durante 2025, con corte a septiembre, la entidad tuvo conocimiento de 123 casos de reclutamiento forzado de NNA a nivel nacional, 31 de los cuales (25%) ocurrieron en el departamento.

Por su parte, los eventos en los que se ha visto involucrada la misión médica son críticos, ya que 55 ocurrieron en 2024 y 24 en 2025, lo que da cuenta de los riesgos en los que se ve inmerso el personal de salud, en particular en escenarios de conflictividad armada, en situaciones de tensiones sociales y en limitaciones de acceso a zonas rurales.

Con base en lo mencionado y en las vulneraciones identificadas contra pueblos étnicos y sus derechos colectivos, afectaciones al derecho al ambiente sano y a la naturaleza, a liderazgos y procesos comunitarios, a personas firmantes del Acuerdo de Paz, a lideresas y procesos organizativos de mujeres, además de otros hallazgos, la Defensoría del Pueblo hace una serie de recomendaciones, entre otras plasmadas en el informe, a la institucionalidad estatal:

• En materia de tierra y territorio, acelerar los procesos de titulación y restitución de tierras, respetando los derechos colectivos de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, y promover nuevas figuras como las Zonas de Reserva Campesina.

• Frente a la seguridad, es necesario consolidar estrategias interinstitucionales para desmantelar las economías ilícitas, con una coordinación efectiva entre el Gobierno nacional, la fuerza pública y las comunidades.

• En el ámbito de género y protección, fortalecer la investigación de los casos de violencia sexual y feminicidio, ampliar las rutas de atención psicosocial, así como garantizar un enfoque étnico y diferencial en las políticas públicas.

• En cuanto al medio ambiente, urge restaurar los ecosistemas afectados por la minería y los cultivos ilícitos, y promover alternativas productivas sostenibles que ofrezcan ingresos dignos a las comunidades rurales.

• Establecer un mecanismo permanente de monitoreo y trazabilidad, en el que las entidades responsables entreguen reportes periódicos sobre el cumplimiento de las recomendaciones, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas ante las comunidades del Cauca.

“El informe hace un llamado a redefinir la presencia del Estado en el Cauca desde la garantía efectiva de los derechos y no desde una lógica exclusivamente militar. Esto implica fortalecer la justicia, la educación, la salud, la autoridad civil y la infraestructura básica en las zonas rurales. Finalmente, recomendamos establecer un mecanismo permanente de monitoreo y en el que las entidades responsables entreguen reportes periódicos sobre el cumplimiento de las recomendaciones para, de esa manera, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas ante las comunidades”, concluyó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

En total, son 52 recomendaciones formuladas en Cauca: voces que resisten 2024-2025, dirigidas a los ministerios del Interior, de Agricultura, de Igualdad y Equidad, de Defensa, del Interior, de Justicia; a la Presidencia y Vicepresidencia de la República; a la Agencia Nacional de Tierras, a la Agencia de Desarrollo Rural; al Departamento Nacional de Planeación, a la Unidad Nacional de Protección, a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización; a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación, a la Unidad para las Víctimas, entre otros entes.