Colombia da un paso decisivo con la puesta en marcha de la Comisión de Financiamiento de la Ley de Víctimas
• Lo acordado entre la Defensoría del Pueblo, la Unidad para las Víctimas, el Ministerio de Hacienda y Prosperidad Social contribuirá a crear mecanismos que permitan reparar integralmente a los cerca de diez millones de afectados por el conflicto armado interno
En reunión liderada por la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, junto con la directora de la Unidad para las Víctimas, Gloria Cuartas, y representantes del DNP, el Ministerio de Hacienda y el DPS, fue definida la puesta en funcionamiento de la Comisión de Financiamiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), instancia que se encargará de definir los mecanismos de financiación y sostenibilidad para atender, asistir y reparar integralmente a los cerca de diez millones de víctimas del conflicto armado en Colombia.
Esta comisión es fundamental para definir con honestidad los recursos necesarios y las fuentes de financiación para garantizar el goce de los derechos de las víctimas, así como el tiempo que tomará una real implementación de la Ley de Víctimas. Durante el encuentro, fue establecido cuán clave es avanzar en la plena garantía de derechos de los niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, población OSIG afectados por el conflicto, incluidas las víctimas que están en el exterior y los pueblos y comunidades étnicas, tanto desde la dimensión individual como colectiva.
La Comisión, que debía entregar las recomendaciones en febrero pasado, será instalada el próximo 10 de junio, cuando se cumplen 14 años de la expedición de la Ley 1448 de 2011.
“Quiero agradecer el compromiso de la directora Gloria Cuartas y poner a disposición la Defensoría del Pueblo, para que, del lado de la Mesa Nacional de Víctimas, podamos activar este mecanismo que va a ayudar a resolver los problemas de fondo”, aseguró la Defensora del Pueblo.
Por su parte, la titular de la Unidad para las Víctimas, Gloria Cuartas, se mostró complacida con lo acordado, y agregó que las recomendaciones que emita esta comisión de expertos deben ser atendidas y cumplidas, con la finalidad de garantizar los derechos de las víctimas en el país. “Todos los esfuerzos que cada una de las entidades ha realizado desde el 2011 hasta hoy, pero también la proyección al 2031 nos permitirá prepararnos para la convocatoria que la Defensoría del Pueblo nos ha propuesto y hemos aceptado como gobierno”
