Carta abierta del director general de la DIAN sobre el hundimiento de la ley de financiamiento

El proyecto de Ley de Financiamiento, propuesto por el <span;>Gobierno del Cambio, <span;>tenía como grandes ejes los controles a la evasión de impuestos y acciones de fondo para <span;>convertir nuestro sistema tributario en uno progresivo, equitativo y eficiente. <span;>El hundimiento de esta iniciativa no afecta al Gobierno, <span;>afecta a todos los colombianos, <span;>pues profundizará la falta de recursos para ejecutar programas sociales en educación, salud y servicios públicos.

Nuestro país deja de percibir al año más $100 billones de pesos a causa de la evasión. Para hacerle frente a esta problemática, el articulado proponía otorgar recompensas por denuncias sobre evasión de impuestos y contrabando. Además, buscaba limitar las compras en efectivo, máximo, al 20% en la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables en las declaraciones de Renta y no permitir deducciones a quiénes no estén al día en el pago de Retención en la Fuente. <span;>Es inconcebible que nuestro Congreso le haya dicho no a estas medidas.

También se gravarían los bienes suntuarios que las personas naturales llevaban a sus empresas, pese a no tener ninguna relación de causalidad con el objeto legal de estas. Con esto buscábamos hacerle frente a casos de empresarios que deducen de los costos de renta de sus organizaciones, los gastos de empleados, mantenimientos o insumos de sus fincas de recreo en Anapoima o de sus casas de descanso en el extranjero.

Otro de los puntos destacados de este proyecto normativo estaba asociado a gravar con impuestos las apuestas en línea. <span;>El país debe preguntarse qué intereses tienen los congresistas que rechazaron esta propuesta, <span;>máxime cuando los juegos de azar tradicionales sí pagan impuestos, igual que pasa con los licores, los cigarrillos y hasta los yogures.

De otra parte, y con miras a otorgar condiciones tributarias más justas frente a los grandes monopolios, pretendía rebajar en ocho puntos el impuesto que pagan las micro y pequeñas empresas. Para el resto de las empresas de nuestro país, planteaba una reducción progresiva del impuesto de Renta buscando pasar, a lo largo de varios años, del 35% al 30%.

También contemplaba exención de IVA para hoteles en más de 1.050 municipios del país, impulsando las economías de estos territorios a través del turismo; creaba un bono por inversiones en energía de fuentes renovables y otorgaba alivios importantes en sanciones e intereses a los morosos de impuestos.

Otro frente del proyecto era el Régimen Simple de Tributación –RST, que ha servido para que aquellos profesionales independientes con ingresos superiores a $500 millones anuales, paguen menos de una tercera parte de los impuestos que deberían pagar.

Los inscritos en este régimen a 2023 son solo 133.390, de los cuales 85.370 son empresas y 74.698 son migrados del régimen ordinario, es decir que no están formalizados. Adicionalmente, 36.500 de los inscritos no presentaron declaración de Renta.

En el año 2023, según Confecámaras, se crearon 306.000 nuevas empresas, casi todas pequeñas, es decir que todas las existentes en RST no alcanzan a ser el 20% de las que se crean en un año. Esto nos muestra que el RST no ha servido para formalizar, por ello el proyecto de Ley de Financiamiento planteaba su eliminación.

Colombia necesita una tributaria estructural

La afirmación de que en Colombia se pagan muchos impuestos no es cierta; por el contrario, tenemos una baja carga fiscal. Según cifras del Banco Mundial, el recaudo de impuestos en nuestro país es solo del 14.4% del PIB; mientras que en Chile y Marruecos es del 19.7%, en Italia del 25%, en Namibia del 28,1% y en Dinamarca del 35.2%.

También se ha indicado que Colombia es uno de los países del mundo donde las personas naturales más pagan impuestos; aquí vuelve a ser lo contrario: entre el 75% y el 80% del recaudo de nuestro impuesto de Renta se genera en las empresas y el resto, en las personas. En los países con sistemas progresivos la situación es a la inversa.

Esto nos muestra que <span;>nuestros impuestos no son progresivos, ni equitativos, ni eficientes, como lo ordena el artículo 363 de la Constitución Política de 1991<span;>. No son progresivos por cuanto si analizamos las tasas efectivas o reales de tributación de las empresas encontramos que hay una diferencia muy grande entre cada uno de los sectores.

Por ejemplo, para 2023 todos los sectores económicos en promedio tuvieron una tasa efectiva del 26.4%; al revisar por sectores vemos que el sector minero tuvo una tasa efectiva promedio del 34.6%, mientras que la industria 25.3% y el sector financiero 15.2%. Esto implica que no hay progresividad, no existe equidad horizontal ni vertical, es decir que las rentas similares deberían pagar la misma tasa de impuesto o al menos cercanas y eso no ocurre en nuestro país.

Como país tenemos <span;>294 beneficios fiscales, muchos con nombre y apellido, que se han otorgado por el lobby parlamentario<span;>. Entre ellos se encuentran los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, las rentas exentas, los descuentos tributarios y las deducciones fiscales especiales, lo que complejiza nuestro sistema tributario y facilita la evasión de impuestos.

Ea cantidad de beneficios genera menor recaudo y nos convierte en el país del continente con mayor gasto fiscal. De acuerdo con cifras de la CEPAL, nuestro gasto es cercano al 7.3% del PIB, mientras que en los demás países de la región el promedio es cercano al 4.5%.

Colombia necesita una reforma estructural, a fondo, en la que se revisen y evalúen todas estas exenciones, verificando su relación costo/beneficio para el país, haciendo análisis ex ante y ex post y definiéndolos en el tiempo, pues no se pueden dar por tiempo indefinido como indican las buenas prácticas tributarias.

De manera sistemática, todos los gobiernos han propuesto reformas cada uno o dos años para solventar el gasto fiscal y lo seguirán haciendo a futuro porque nuestro sistema tributario actual no permite garantizar el recaudo suficiente para financiar los programas en salud, educación, infraestructura y vivienda que necesitan los colombianos.