ANT moderniza la regulación de servidumbres en bienes de la Nación para proyectos energéticos, mineros y de hidrocarburos
La Agencia Nacional de Tierras —ANT— presentó el nuevo Acuerdo 530 del 29 de octubre de 2025 ante más de 20 entidades desarrolladoras de proyectos de utilidad pública, entre ellas Ecopetrol, el Grupo Energía Bogotá y Mineros Aluvial, así como otras empresas de los sectores energético, minero y de hidrocarburos.
Esta actualización normativa redefine los lineamientos para regular y formalizar las servidumbres de utilidad pública sobre bienes baldíos de la Nación y bienes fiscales patrimoniales administrados por la entidad. La decisión responde a las dificultades técnicas y jurídicas evidenciadas en la aplicación de los acuerdos anteriores y busca establecer un procedimiento más claro, preciso y acorde con las realidades del territorio.
Durante la presentación, Lina María Salcedo, subdirectora de Administración de Tierras de la Nación, de la ANT, explicó que el nuevo acuerdo permitirá “establecer tiempos claros y plazos razonables, avanzando hacia una regulación y formalización de las servidumbres sobre terrenos baldíos y bienes fiscales mucho más rápida y ágil”.
El Acuerdo 530 reconoce y ordena las servidumbres en predios administrados por la Agencia, garantizando mayor seguridad jurídica, transparencia y reglas claras tanto para las empresas como para las comunidades.
En ese sentido, Javier Cuenca, director de proyecto de Ecopetrol para la compañía Konfirma, señaló que “las comunidades se benefician significativamente, ya que pueden titular sus territorios y definir con claridad los derechos inmobiliarios adquiridos, como las servidumbres o la propiedad de los predios baldíos”.
Desde la expedición de la Ley 160 de 1994 y el Decreto 2363 de 2015, la Agencia Nacional de Tierras tiene la responsabilidad de administrar los bienes baldíos y orientar los procesos relacionados con estos predios. En este marco, la regulación de servidumbres resulta fundamental para garantizar seguridad jurídica y viabilizar proyectos de utilidad pública que requieren intervenir o atravesar bienes de la Nación.
Si bien el Acuerdo 029 de 2017 y su modificación de 2021 establecieron reglas para estos trámites, la experiencia acumulada evidenció falencias como ambigüedades en los requisitos, dificultades en la presentación de información técnica, ausencia de parámetros uniformes y vacíos procedimentales frente a situaciones recurrentes en los territorios. El Acuerdo 530 surge para subsanar estas limitaciones.
James Pérez, líder transversal de la Gerencia de Gestión Predial del Grupo Energía Bogotá, destacó que “es fundamental promover este tipo de acuerdos, ya que permiten a las empresas que adelantamos procesos de formalización y regulación de servidumbres contar con mayores herramientas para gestionarlos de manera más eficiente y en menores tiempos, facilitando además la consolidación de más casos de éxito”.
La actualización normativa incorpora mejoras sustanciales desde la etapa inicial del trámite, como la creación del Informe Técnico Jurídico Preliminar, que permite evaluar desde el comienzo el cumplimiento de las condiciones mínimas de cada solicitud.
Asimismo, se establece la figura del auto de inicio preliminar o inadmisión para evitar trámites improcedentes y reducir tiempos administrativos; se fortalecen los lineamientos para la presentación de la información técnica mediante un instructivo actualizado; se precisan las reglas para la notificación de los actos administrativos a los ocupantes de los predios y se definen etapas y plazos más coherentes con la dinámica territorial.
El nuevo acuerdo también contempla la posibilidad de otorgar permisos de intervención anticipada cuando exista disponibilidad presupuestal e incorpora lineamientos claros sobre la cesión de derechos de servidumbre.
Con la expedición del Acuerdo 530 del 29 de octubre de 2025, la Agencia Nacional de Tierras reafirma su compromiso con una gestión pública moderna, transparente y eficiente, fortaleciendo el ordenamiento territorial y la protección del patrimonio público, al tiempo que brinda mayor seguridad jurídica y reglas claras para las empresas y comunidades que desarrollan proyectos de utilidad pública, en coherencia con los principios de la Reforma Agraria.
