Sector agropecuario insta al Congreso a debatir el Proyecto de Ley de Jurisdicción Agraria
La plenaria de la Cámara de Representantes citó para hoy el debate del proyecto de ley de Jurisdicción Agraria y Rural, agendado como único punto del orden del día, por lo que una vez más, el sector agropecuario hace llamado al Congreso para que avance en una decisión definitiva sobre una de las iniciativas más importantes para el desarrollo rural del país.
Tras más de un año sin avances en su trámite, los ministros de Agricultura, Martha Carvajalino, de Justicia, Iván Cuervo, y de Interior, Armando Benedetti, radicaron recientemente un mensaje de insistencia para solicitar que el trámite de urgencia del proyecto de ley, instando a que la discusión se haga dentro de los tiempos legislativos vigentes y mediante los mecanismos democráticos previstos por la ley.
Desde la cartera agropecuaria se han desarrollado los mecanismos de socialización y concertación del proyecto a través las mesas técnicas con gremios, altas cortes, congresistas, organizaciones sociales, academia, entre otros, para explicar y analizar la propuesta con la que el Gobierno Nacional busca garantizar seguridad jurídica en el campo, permitir la recuperación y administración de baldíos de manera oportuna y evitar que procesos sin litigio terminen congestionando los despachos judiciales agrarios.
En ese sentido, la ministra Martha Carvajalino advirtió sobre el riesgo de que se hunda el proyecto de ley de jurisdicción agraria y sus implicaciones para el país: “Estamos a punto de que el proyecto de jurisdicción agraria se hunda. Eso implicaría, por un lado, cumplirle a la Corte Constitucional, que ordenó implementar los juzgados y tribunales agrarios en 2027, pero sin contar con procedimientos, competencias ni principios unificadores, lo que nos obligaría a acudir a reglas generales. Y, por otro, sería un mensaje muy complejo: si hay diferencias sobre quién asume qué competencias, ese es justamente el debate que debe dar el Congreso. Lo que pedimos es que se abra la discusión y que, en democracia, se defina cuál es la jurisdicción agraria que quiere Colombia. No permitir el debate es cerrar la puerta a la justicia agraria”.
El gobierno ha pedido, con insistencia, que el Congreso revise con rigurosidad técnica la naturaleza y objetivo de cada procedimiento agrario estipulado en la Ley 160 de 1994, y determine los casos en los que la judicialización de las decisiones para identificar o recuperar las tierras de la Nación resulte oportuna y procedente, al tiempo que permita mantener las facultades de la autoridad agraria para tomar decisiones oportunas en los eventos en los que no exista controversia, manteniendo siempre las garantías judiciales para revisar las actuaciones de la administración.
Esta fórmula va encaminada a garantizar la seguridad jurídica de los particulares que llevan años esperando el saneamiento de sus predios, al tiempo que contribuye al cumplimiento de metas del Acuerdo de Paz.
Desde el sector agropecuario se insiste en que el debate avance y que sea el Congreso de la República el escenario en el que se defina el alcance final del proyecto, priorizando el interés general y las decisiones que el país rural necesita.
