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Reforma Agraria histórica: Gobierno nacional ha formalizado 1.5 millones de hectáreas, y marca un antes y un después en el acceso a tierras en Colombia

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha dado pasos históricos en el cumplimiento de su compromiso con la justicia rural y el Acuerdo de Paz de 2016, logrando cifras sin precedentes en la adquisición, formalización y entrega de tierras a comunidades campesinas y étnicas. En lo corrido de estos dos años y medio de administración, ha gestionado cerca de 569.000 hectáreas, lo que ha superado por más de nueve veces la suma de lo alcanzado por los gobiernos de Juan Manuel Santos, quien gestionó 27.827 hectáreas, e Iván Duque, 32.614 hectáreas, durante sus periodos completos.

En el Caribe colombiano y el Magdalena Medio, que fueron históricamente zonas de despojo de tierras campesinas, hoy con el Gobierno Petro la tierra vuelve a manos del pueblo, con más de 137.716 hectáreas para comunidades campesinas y víctimas del conflicto que resistieron con dignidad en departamentos como Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.

La labor de este Gobierno va más allá de la compra de tierras: se han recuperado 181.027 hectáreas que, gracias a la resolución satisfactoria de procesos agrarios, llegaron al Fondo de Tierras de la Agencia Nacional de Tierras. También se han transferido 13.332 hectáreas a título gratuito desde la Sociedad de Activos Especiales (SAE), y se han recibido 2.240 hectáreas en donación, que se suman a las 370.192 hectáreas compradas para la Reforma Agraria.

Solo en el 2024 se gestionaron 186.116 hectáreas, la cifra más alta registrada en la historia del país, y en lo corrido de este año, con corte a abril, ya fueron adquiridas 41.069 hectáreas; serán destinadas a la población campesina y comunidades étnicas, una cifra que se acerca al registro total de adquisición de tierras del año 2023 (56.611 hectáreas).

En materia de formalización, la Agencia Nacional de Tierras también rompe récords con la titulación de más de 1.500.000 hectáreas, lo que supera los resultados de las dos administraciones anteriores juntas, las cuales registraron tan solo 265.088 hectáreas formalizadas por el gobierno Santos y 1.072.519 hectáreas formalizadas por el gobierno Duque.

Acceso a tierras fomenta la economía campesina

Uno de los logros estructurales del Gobierno de Gustavo Petro, a través de la ANT, ha sido la constitución de 13 nuevas Zonas de Reserva Campesina (ZRC), que ocupan un área total de 643.381 hectáreas, y están ubicadas en los departamentos de Antioquia, Meta, Cauca, Cundinamarca, Córdoba, entre otros. Estas zonas aseguran que las comunidades rurales puedan planear su desarrollo territorial de manera autónoma y perdurable.

La meta para 2025 incluye la constitución de ocho nuevas ZRC, territorios protegidos que serán claves para garantizar la sostenibilidad ambiental y lograr el fortalecimiento y estabilización de la economía campesina y rural. En este año, el Gobierno nacional también se propone poner en marcha los seis primeros Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM), como espacios que consolidarán la arquitectura territorial de la Reforma Agraria.

A su vez, el Gobierno nacional avanza de manera decidida en la reglamentación de zonas de deslinde, como ciénagas y playones baldíos, en regiones en las que por años han perdurado las tensiones y hechos de violencia por el acceso a la tierra. A la fecha, han sido regularizadas en el país más de 66.000 hectáreas de ciénagas y playones, de las cuales 58.000 se reglamentaron en el último año.

La resolución de procesos agrarios se lleva a cabo con el fin de proteger los ecosistemas de estas zonas que sostienen la vida de familias campesinas y pescadoras en departamentos como Atlántico, Córdoba, Cesar y Bolívar. De esta manera, el Gobierno del Cambio garantiza derechos sobre el territorio, cuida el agua y fortalece la economía y sostenibilidad de las comunidades rurales que allí habitan.

La Agencia también ha priorizado la titulación de tierras a entidades de derecho público, con 1.164 titulaciones expedidas durante este periodo, destinadas a fortalecer escuelas rurales, puestos de salud, sedes deportivas, administrativas, de saneamiento básico, infraestructuras viales y otros espacios que benefician directamente a las comunidades campesinas, lo que representa un paso clave hacia la equidad, la justicia rural y la presencia efectiva del Estado en el campo.

Comités de Reforma Agraria

La ANT, de la mano con el campesinado, ha ratificado su compromiso con estas comunidades mediante la creación de 450 Comités Municipales de Reforma Agraria y 14 Comités Departamentales de Reforma Agraria, lo que ha duplicado las metas inicialmente previstas por este Gobierno.

Constituir estos comités es fundamental para garantizar la participación efectiva de las comunidades y pueblos étnicos en la implementación de la Reforma.

Gobierno Petro salda una deuda histórica con los pueblos étnicos

En cuanto al reconocimiento de derechos territoriales para las comunidades indígenas y afrocolombianas, el balance es contundente: se han constituido 93 resguardos indígenas, ampliado 69 y titulado 64 comunidades negras, beneficiando directamente a más de 217.000 personas que habitan en 136 municipios del país.

Con la adquisición de 96.757 hectáreas de tierra para población étnica, el Gobierno nacional está saldando las deudas históricas con los pueblos étnicos del país, porque supera en más de 70.000 hectáreas la compra de tierras para esta población en comparación con los dos gobiernos anteriores.

Con estos resultados, el Gobierno nacional reafirma que la justicia rural es el corazón de su política agraria, y prioriza la distribución equitativa de tierras fértiles a quienes carecen de ellas, poseen extensiones insuficientes o no cuentan con las mismas. Nunca antes se había hecho tanto en tan poco tiempo.

Este avance marca un antes y un después en la relación entre el Estado y las comunidades campesinas, afro e indígenas, dignificando su labor, reconociendo sus derechos y construyendo un nuevo pacto territorial basado en el acceso justo, legal y sostenible a la tierra.

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