El presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió en defensa de la gestión de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y cuestionó los señalamientos surgidos tras la publicación de un informe periodístico sobre el convenio firmado con la empresa Activos por Colombia, creada para acelerar la comercialización de bienes decomisados al narcotráfico y otras estructuras criminales.
La controversia gira en torno a la participación de Abraham Katime, gerente de la compañía, y su cercanía política con el dirigente del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Sin embargo, desde el Gobierno Nacional aseguran que el debate de fondo no es político, sino la transformación del modelo histórico de administración de activos incautados, muchos de los cuales permanecieron durante años improductivos o vinculados a prácticas clientelistas.
“Lo que incomoda a algunos no es el apoyo político en sí, sino que la SAE deje de ser una bodega eterna de bienes incautados y empiece a transformarlos en recursos productivos para el país”, afirmó el mandatario, al referirse a las críticas surgidas alrededor del convenio y del nuevo esquema de monetización impulsado por el Estado.
Desde Activos por Colombia, Abraham Katime defendió la estrategia gubernamental y aseguró que parte de los bienes decomisados serán destinados a procesos de reforma agraria, mientras otros entrarán en esquemas de subasta pública. Según explicó, el propósito es reducir el histórico inventario de activos congelados y convertirlos en herramientas de impacto económico y social.
Por su parte, la Sociedad de Activos Especiales sostuvo que la plataforma no opera como un contratista externo convencional, sino como un instrumento societario articulado al modelo institucional del Estado colombiano. De acuerdo con cifras oficiales, los procesos de comercialización y subasta adelantados a través de esta estrategia ya superarían los 100 mil millones de pesos.
La entidad recordó además que los recursos obtenidos de la administración de estos bienes benefician a más de 40 organismos públicos, entre ellos la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Unidad para las Víctimas, la Agencia Nacional de Tierras y la Jurisdicción Especial para la Paz. Entretanto, el debate continúa creciendo en medio de la discusión política sobre el manejo histórico de los bienes incautados a la mafia en el país.