En el suroccidente del país, donde los pueblos indígenas y las comunidades negras han defendido históricamente sus territorios, el Gobierno del presidente Gustavo Petro consolidó uno de los avances más importantes de la Reforma Agraria étnica en Colombia con la formalización y entrega de 70.658 hectáreas en Nariño.
La jornada en Aldana, Nariño, permitió fortalecer la seguridad jurídica y territorial de comunidades Awá, Pastos y Quillasingas y de pueblos afrodescendientes, garantizando mayores condiciones para la protección de sus territorios ancestrales, sus formas de gobierno propio y su permanencia cultural.
“Gracias por venir a escuchar a quienes han luchado por el reconocimiento y la garantía de sus derechos”, mencionó Juan Carlos Cuaical, coordinador de la Mesa Permanente de Concertación de los pueblos Pastos y Quillasingas.
En Nariño, el sector agro ha formalizado alrededor de 109.000 hectáreas, beneficiando a más de 9.600 familias. Además, se han adquirido más de 5.000 hectáreas para avanzar en procesos de acceso a tierra y se han entregado materialmente más de 48.000 hectáreas a víctimas del conflicto armado mediante restitución de tierras.
De igual forma, se avanzó en el reconocimiento territorial de los pueblos Pastos y Quillasingas. En el municipio de El Contadero, también de Nariño, a la comunidad indígena Aldea de María Putisnán le formalizaron cerca de 12 hectáreas después de más de 12 años de trámite administrativo. Esto fortalece la protección de su territorio ancestral y de los sitios sagrados. Adicionalmente, comunidades Quillasingas de Catambuco y Jenoy consolidaron procesos históricos de reconocimiento territorial y recuperación de espacios ancestrales en Pasto.
Sumado a lo anterior, en Samaniego fue constituido un resguardo (39.639 hectáreas), en Pasto (16 hectáreas), en Ipiales (cerca de 7 hectáreas). Otro resguardo en Pasto (poco más de 30 hectáreas), en Tangua (alrededor de 131 hectáreas). También en Pasto fue ampliado un resguardo (18.026 hectáreas).
La ampliación, asimismo, del resguardo indígena Quillasinga Refugio del Sol, en el municipio de Pasto, y avances en procesos de adquisición, con la entrega de escrituras de compra de predios por más de 436 hectáreas en diferentes municipios.
“Desde el Ministerio de Agricultura celebramos la entrega de instrumentos administrativos orientados a fortalecer la seguridad jurídica de los pueblos Pastos y Quillasingas, así como de comunidades negras del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé. Son 70.658 hectáreas que hoy representan justicia y legalidad para estos pueblos de Nariño. Este es un paso más en la Reforma Agraria que este gobierno se ha empeñado en forjar para mejorar los territorios, la seguridad alimentaria y brindar respeto a nuestros pueblos ancestrales, reafirmando nuestro compromiso de hacer la Revolución por La Vida”, anotó la ministra Martha Carvajalino.
Estos avances hacen parte de las cifras históricas de la Reforma Agraria en Colombia. El Gobierno nacional ha gestionado más de 763.000 hectáreas para el Fondo de Tierras y ha redistribuido más de 310.000 hectáreas a campesinos, firmantes de paz y comunidades étnicas.
“Desde la Agencia Nacional de Tierras, en cabeza de nuestro director Juan Felipe Harman, queremos reiterar nuestro compromiso para continuar trabajando por las comunidades étnicas, campesinas y afrodescendientes de Nariño. Vamos a avanzar en el acceso a la tierra, la formalización y la ampliación y la constitución de más resguardos”, afirmó la directora de Asuntos Étnicos de la ANT, Farlin Perea.
Gracias al trabajo del sector agropecuario a través de la Agencia Nacional de Tierras —ANT—, el país supera los 2 millones de hectáreas formalizadas, de las cuales 1.461.000 hectáreas corresponden a comunidades étnicas, beneficiando a cerca de 98.000 familias. En paralelo, mediante la Unidad de Restitución de Tierras, se han entregado más de 384.000 hectáreas a familias y comunidades víctimas del despojo y el conflicto armado.
En paralelo, el sector agropecuario continúa fortaleciendo la economía rural en Nariño. A través del Fondo de Fomento Agropecuario, fueron aprobados tres proyectos por cerca de $63.000 millones para fortalecer cadenas estratégicas del litoral Pacífico y la zona andina, como coco, café y piangua, con enfoques productivo, ambiental y de agregación de valor.
Entre los principales hitos de la jornada se encuentra la formalización de 12.796 hectáreas para el consejo comunitario Esfuerzo Pescador, en Santa Bárbara de Iscuandé, luego de más de dos décadas de trámite administrativo. También se consolidaron procesos de reconocimiento territorial para comunidades indígenas en Samaniego, Pasto, Tangua, El Contadero e Ipiales.
Asimismo, durante la sesión 130 del Consejo Directivo fueron aprobados nuevos procesos de constitución y ampliación de resguardos indígenas en Casanare, Putumayo, Tolima y La Guajira, que suman más de 16.500 hectáreas formalizadas para pueblos indígenas del país.
Asimismo, en Aldana fue realizada la sesión 130 del Consejo Directivo de la ANT, espacio en el cual fueron aprobados procesos de constitución y ampliación de resguardos indígenas en Casanare, Putumayo, Tolima y La Guajira. En el espacio se consolidó la formalización de 16.562 hectáreas para pueblos indígenas de distintas regiones del país.
Adicional a ello, se llevó a cabo una nueva sesión de la Comisión Técnica Ley 70 de 1993, en la que fue aprobada la titulación colectiva de dos consejos comunitarios: Leticia Canal del Dique, en Cartagena (Bolívar), y Local Los Amigos, en Tumaco (Nariño), que suman 133 hectáreas.
Igualmente, fue aprobada la ampliación del título colectivo del consejo comunitario Bajo Mira y Frontera, ubicado también en Tumaco, con un área cercana a las 667 hectáreas. Esto contribuye a la garantía de los derechos territoriales de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
Con estas acciones, el Gobierno del presidente Gustavo Petro continúa avanzando en una Reforma Agraria que reconoce los derechos territoriales de los pueblos étnicos, fortalece la producción y la permanencia en el campo y consolida la tierra como base de la justicia social, la soberanía alimentaria y la protección de la vida. Así avanza la Revolución por la Vida, llevando dignidad, seguridad jurídica y oportunidades a las comunidades que históricamente han cuidado los territorios y los ecosistemas del país.