La Agencia Nacional de Tierras del Magdalena ─ANT─, bajo el liderazgo de la Asesora de Dirección General, Patricia Caicedo Omar, en coordinación con la Sociedad de Activos Especiales y con el apoyo de la Policía Nacional, realizó operativos de aprehensión material sobre cinco predios que suman 892 hectáreas: uno en Sabanas de San Ángel, Magdalena, y cuatro en el Distrito de Santa Marta, de los cuales dos son baldíos de la Nación.
Se trata de los predios: Convención, con una extensión de 741,29 hectáreas en el municipio de Sabanas de San Ángel, que anteriormente estaba en poder del excongresista José del Rosario Gamarra Sierra, condenado en 2008 por parapolítica; La Palestina, de 25,16 hectáreas, y La Unión, de 79,89 hectáreas, ubicados en el corregimiento de Guachaca, los cuales eran explotados con fines turísticos; y, finalmente, los predios Centro, de 16 hectáreas y Rancho Grande, de 29,7 hectáreas, situados en el paradisíaco balneario de Bahía Concha, una de las más de 30 playas de Santa Marta.
Estas acciones se enmarcan en la estrategia liderada por el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman Ortiz, cuyo propósito es reparar a campesinos, indígenas, afrodescendientes y víctimas del conflicto, mediante la recuperación de tierras que fueron acaparadas de manera irregular por mafias y particulares.
«Ningún predio de la Nación debe estar en manos de particulares, y menos aún de quienes al parecer tienen antecedentes de violencia. La tierra es para quien realmente la trabaja, y con estas recuperaciones vamos a devolver la dignidad y los derechos territoriales a campesinos y víctimas del conflicto», manifestó el director general de la ANT, Juan Felipe Harman Ortiz.
El mandato del presidente Gustavo Petro es claro: los predios bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales —SAE— deben pasar a manos de comunidades rurales. En cumplimiento de esta directriz, la Agencia Nacional de Tierras adelanta todos los procedimientos legales necesarios para garantizar que la tierra sea productiva y cumpla con su función social.
Convención: símbolo de poder y despojo
El primer operativo en coordinación con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tuvo lugar en el municipio de Sabanas de San Ángel, sobre la hacienda Convención, que cuenta con una extensión de 741,29 hectáreas. Según la caracterización realizada por la Unidad de Gestión Territorial de la ANT en Magdalena, el terreno estaba destinado a ganadería y era custodiado por un administrador que se negó a proporcionar información.
Vecinos del sector confirmaron a las autoridades que la hacienda Convención era explotada por el excongresista José del Rosario Gamarra Sierra, condenado en 2008 por concierto para delinquir debido a sus vínculos con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Posteriormente, un juez penal único especializado de Santa Marta determinó que los resultados electorales obtenidos por el entonces candidato estuvieron influenciados por acuerdos con el comandante de ese bloque, alias Jorge 40. En 2014, la Dijín de la Policía Nacional ocupó 12 propiedades de Gamarra, entre ellas la hacienda Convención, con fines de extinción de dominio.
Estas 741,29 hectáreas fueron entregadas a 145 familias de las asociaciones CUPAT y la organización étnico-territorial (ASOCASAN), quienes tendrán ahora la posibilidad de emprender proyectos productivos que fortalezcan la economía campesina y promuevan la seguridad y soberanía alimentaria de la región.
“Esperamos décadas para poder decir ‘Esta tierra sí es mía’. Este sueño se hizo realidad tras muchas luchas, tocar cientos de puertas y recorrer oficinas por todas partes. Ahora queremos sembrar yuca, banano, algodón y otros frutales, para que el municipio de Sabanas de San Ángel se convierta en una despensa agrícola del país”, expresó con orgullo Kelly Patricia Viloria Polo, campesina e integrante de ASOCASAN.
Este paso no solo significa la recuperación de un predio que estuvo en manos de actores vinculados al paramilitarismo, sino también la construcción de un escenario de dignidad, justicia social y paz territorial.
La Palestina y La Unión: tierras en disputa
En el corregimiento de Guachaca, en la vía que de Santa Marta conduce a La Guajira, la Agencia Nacional de Tierras aprehendió dos predios rurales que durante décadas permanecieron en disputa. El primero corresponde al predio La Palestina, de 25,16 hectáreas, y el segundo a La Unión, de 79,89 hectáreas. Estas acciones se desarrollaron en territorios históricamente afectados por el desplazamiento forzado y la presencia de grupos armados ilegales, como parte del proceso de recuperación de tierras para el control de la Nación.
La Palestina estaba ocupada por un supuesto extranjero junto a un socio local con fines turísticos, situación que generaba restricciones de acceso para la comunidad. En el caso de La Unión, campesinos colindantes hacían uso parcial del terreno, aunque la caracterización realizada por la ANT evidenció presencia del Clan del Golfo, reconocido por organismos internacionales como la ONU y Human Rights Watch como el principal grupo sucesor del paramilitarismo en Colombia y uno de los mayores responsables de desplazamientos forzados, amenazas y asesinatos de líderes sociales.
Para la asesora de la Dirección General de la ANT, Patricia Caicedo Omar, quien ha liderado los operativos de aprehensión material, las acciones adelantadas en Santa Marta reparan una deuda histórica con las comunidades rurales despojadas de sus territorios.
“En menos de dos días en el Magdalena, recuperamos 892 hectáreas para los campesinos y campesinas de nuestro territorio. Recuperar tierras baldías de la Nación y terrenos que estaban siendo administrados por la SAE, ubicados cerca de la Sierra Nevada, significa devolver dignidad y derechos territoriales a campesinos, indígenas y afrodescendientes que han luchado durante décadas por un pedazo de tierra donde sembrar paz”.
Agregó que, «la tierra no puede seguir en manos de grupos ilegales o de intereses turísticos privados. Estamos convencidos de que la tierra es para el pueblo y actuamos en consecuencia», concluyó Caicedo.
El Centro y Rancho Grande: devolviendo dignidad
En el paradisíaco balneario de Bahía Concha, una de las más de 30 playas de Santa Marta, la Agencia Nacional de Tierras aprehendió dos predios rurales de alto valor agrícola, piscícola y, especialmente, turístico: El Centro, con 16 hectáreas, y Rancho Grande, con 29,7 hectáreas.
Estos dos predios tienen el carácter de baldíos, como resultado de un proceso de clarificación destinado a esclarecer la situación jurídica de las tierras. Este proceso determinó que permanecen bajo dominio del Estado y que no existe un derecho de propiedad privada válido sobre ellos.
Los predios El Centro y Rancho Grande están ubicados a 20 minutos de Bahía Concha, una de las más bellas ensenadas del Parque Nacional Natural Tayrona. En el caso de Rancho Grande, este estaba siendo ocupado por familiares cercanos al ex congresista y ex concejal de Santa Marta, Alonso de Jesús Ramírez Torres, condenado en 2016 por parapolítica.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a la pena principal de 90 meses de prisión al exrepresentante a la Cámara, como autor del delito de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promover al paramilitarismo.
Ahora, ambos predios pasan al Fondo de Tierras de la ANT para ser destinados a familias campesinas y comunidades étnicas, protagonistas de la Reforma Agraria.
Recuperar las tierras de la Nación como Convención, La Palestina, La Unión, Rancho Grande y El Centro no es solo un acto administrativo: es justicia social, reparación territorial y la consolidación de la Reforma Agraria al servicio del campesinado del Magdalena. Con cada operativo, la Agencia Nacional de Tierras siembra esperanza, dignidad y paz en los territorios más golpeados por el conflicto.