En audiencia pública sobre la crisis humanitaria en el Catatumbo, cumplida ante la Corte Constitucional, la Agencia Nacional de Tierras —ANT— en cabeza de su director Felipe Harman, presentó los avances concretos que demuestran su compromiso con esta región históricamente golpeada por la violencia, el abandono estatal y la concentración de la tierra.
El informe del Plan Catatumbo evidencia resultados tangibles en materia de formalización, adjudicación, ordenamiento y reparación territorial, cumpliendo con los mandatos de la Sentencia T-052 de 2017 y los compromisos asumidos ante la Corte.
Más de 50 mil hectáreas en gestión y cerca de 10 mil tituladas
Gracias al trabajo coordinado entre las subdirecciones de la ANT, se han gestionado 43.868 hectáreas, y 9.951 hectáreas ya fueron tituladas, beneficiando directamente a familias campesinas de los municipios de Sardinata, Tibú, Hacarí, Ábrego, San Calixto y La Playa de Belén.
Además, se han expedido 186 títulos de propiedad superando la meta inicial del Plan Catatumbo.
“Hoy podemos dar unas cifras históricas, pero si abordamos esto en lo que implica una misión para la formalización de la propiedad rural en la región del Catatumbo, que tiene un 71% de índice de informalidad, eso desborda presupuestalmente las condiciones de la emergencia y nos pone un reto mucho más alto a considerar”, afirmó Felipe Harman, director general de la Agencia Nacional de Tierras.
Una Zona de Reserva Campesina para la paz y la justicia
En una decisión histórica, el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras aprobó la constitución de la Zona de Reserva Campesina “Paz y Unión del Catatumbo”, con un área de 59.000 hectáreas, que beneficia a 1.800 familias campesinas de los municipios de Hacarí, Ábrego, Bucarasica y La Playa de Belén.
Este avance marca un paso decisivo en la consolidación del ordenamiento social de la propiedad y el reconocimiento de los derechos del campesinado.
Fincas para la Paz: tierras para vivir y producir
El programa Fincas para la Paz, impulsado por la ANT, ha permitido adquirir 3.231 hectáreas y entregar 14 predios equivalentes a 2.526 hectáreas a asociaciones campesinas, reincorporados y mujeres rurales.
Entre los logros más destacados se encuentran:
• 63 mujeres campesinas de El Zulia recibieron el predio Los Tanques (724 hectáreas).
• Excombatientes del ETCR Caño Indio recibieron tierras productivas en Cúcuta y Los Patios para avanzar en su proceso de reincorporación.
• En total, 158 familias hoy cuentan con tierra y esperanza.
El marco jurídico que debe reformarse
Ante los magistrados, Harman hizo hincapié en los retos y complicaciones que enfrenta a diario la ANT, derivados de crudas realidades en los territorios: la informalidad de la propiedad que favorece las economías ilícitas, las limitantes que contiene la Ley Forestal Segunda, las dificultades para las ampliaciones de territorios indígenas en sitios ambientalmente sensibles, las demoras generadas por el rigor en los procesos de compra de tierras para garantizar viabilidad y seguridad jurídica, la ausencia de una transición en tiempo y en espacio en la política de sustitución de cultivos de uso ilícito que permita la transformación productiva del territorio y genere confianza en el campesinado hacia el Estado, entre otras.
“Si no hay registro de propiedad, honorables magistrados, es tierra de todos y de nadie, con todas las implicaciones en materia de restricción de derechos y con todos los problemas en materia de restricción de deberes de lo que significa también el cuidado de la condición natural de estos espacios, como las Zonas de Reserva Forestal”.
“El Catatumbo son 1.342.000 hectáreas, pero el Parque Nacional son 160.000 y la reserva forestal 297.000 hectáreas. ¿Eso qué significa? Que en el limbo del uso estamos hablando casi de 450.000 hectáreas que no pueden tener registro de propiedad”, expuso el director.
“Busquemos el mecanismo para que el Congreso hable concretamente sobre el régimen de propiedad dentro de la Ley Forestal Segunda”, exhortó el director de la Agencia Nacional de Tierras, al concluir su exposición en el recinto de la Corte Constitucional.