El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, expidió la Resolución 0280 de 2026, mediante la cual declara una reserva temporal de recursos naturales renovables en la Sierra Nevada de Santa Marta, una decisión estratégica que protege aproximadamente 942.005 hectáreas fundamentales para la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad y la pervivencia cultural de los pueblos indígenas de la región.
La medida representa un hito en la gestión ambiental del gobierno del presidente Gustavo Petro, al establecer acciones concretas para salvaguardar uno de los ecosistemas más biodiversos del país, clave para la seguridad hídrica del Caribe colombiano y el bienestar de las comunidades asentadas en Magdalena, Cesar y La Guajira.
Reconocida como el macizo litoral más alto del mundo, la Sierra Nevada cumple funciones esenciales como la provisión de servicios ecosistémicos, la conectividad entre ecosistemas y la regulación climática regional. Con esta declaratoria, el Ministerio de Ambiente, bajo el liderazgo de la ministra (e) Irene Vélez Torres, responde a la necesidad urgente de proteger el territorio frente a presiones ambientales identificadas, entre ellas las actividades extractivas.
“Hemos dado un paso histórico en la protección de la Sierra Nevada de Santa Marta, como resultado del compromiso del presidente Gustavo Petro con la vida, los territorios y la dignidad de las comunidades”, aseguró la ministra (e) Irene Vélez Torres. Además, reiteró que la reserva temporal tiene carácter preventivo y se fundamenta en el principio de precaución, por lo tanto, no se podrán otorgar nuevas concesiones mineras ni se podrán firmar nuevos contratos de hidrocarburos en el área protegida, y que los proyectos vigentes podrán continuar hasta su terminación, sin que puedan ser prorrogados.
Con la declaratoria, la Agencia Nacional de Minería no podrá otorgar nuevas concesiones, suscribir contratos ni habilitar nuevas áreas para actividades de exploración o explotación minera dentro del área definida. De igual forma, durante la vigencia de la medida, las autoridades ambientales no podrán expedir permisos o licencias para la exploración o explotación de minerales e hidrocarburos.
Por otro lado, los proyectos de explotación minera que cuenten con título minero, instrumento técnico minero aprobado e instrumento ambiental vigente podrán continuar su ejecución hasta su terminación.
El proceso ha contado con amplia participación institucional y territorial, incluyendo autoridades ambientales, comunidades locales y pueblos indígenas Arhuaco, Kankuamo, Kogui y Wiwa, quienes han reiterado la importancia de proteger este territorio como espacio de vida, cultura y equilibrio ambiental.
La medida tendrá una vigencia de dos años. Con esta acción, el Gobierno reafirma su compromiso con la protección del Corazón del Mundo, el reconocimiento de los derechos de las comunidades locales y pueblos indígenas, y la consolidación de un modelo de desarrollo sostenible que pone en el centro el cuidado de la vida.