Una apuesta institucional por reconocer los procesos históricos que han marcado la vida de las comunidades, alzar la voz de las víctimas y honrar su memoria a partir de las lecciones del pasado, es el mensaje principal del informe ‘Armero: ¿40 años de vulneración de derechos? Memoria y lecciones para la gestión del riesgo de desastres en Colombia’ que la Defensoría del Pueblo presenta al país.
“La experiencia de Armero representa un llamado ético, jurídico y político a situar la protección de los derechos humanos en el centro de toda política pública frente a los desastres en Colombia”, aseguró la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante la presentación del informe en Honda, Tolima.
El documento defensorial, dirigido a entidades del Estado, organizaciones sociales y académicas y ciudadanía en general, plantea la necesidad de comprender los desastres como procesos sociales e históricos que demandan responsabilidad estatal, compromiso institucional y apropiación comunitaria.
No obstante, la intención del informe va más allá: la gestión del riesgo de desastres no puede reducirse a una lógica técnico-operativa, sino que debe consolidarse como una política pública estructural, basada en el respeto y protección de los derechos humanos y de la naturaleza.
También es clave que estos entes incorporen el derecho a la memoria como medida de reparación, prevengan daños previsibles mediante instrumentos de planeación territorial, construyan institucionalidad sólida a nivel local, además de que formulen políticas inclusivas, diferenciales y garantes de la dignidad humana.
La destrucción de Armero (Tolima), ocurrida el 13 de noviembre de 1985 a causa de la avalancha provocada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz, marcó un punto de inflexión en la historia nacional. Este hecho se convirtió en un hito que transformó el debate sobre las responsabilidades del Estado, y constituyó el punto de partida de la política de gestión del riesgo de desastres en Colombia.
Cuatro décadas después, existe consenso en que las consecuencias de aquel evento no se limitaron al momento de su ocurrencia. Sus efectos han sido múltiples, prolongados y profundos, tanto para quienes sobrevivieron y sus descendientes como para la sociedad colombiana en su conjunto. Y es que la tragedia dejó alrededor de 25.000 personas fallecidas, más de 8.000 sobrevivientes desplazados y cerca de 500 niñas y niños perdidos y separados de sus familias.
“Las omisiones en la prevención del riesgo volcánico, la falta de reparación y la débil respuesta institucional configuraron violaciones sostenidas a derechos humanos y fundamentales, como a la vida, la salud, la vivienda, la propiedad, la identidad, la unidad familiar, los derechos de niñas, niños y adolescentes, la información pública y el ordenamiento territorial”, manifestó la Defensora del Pueblo.
El desastre no ha concluido
Muchos sobrevivientes son hoy personas mayores a las que, a raíz de la tragedia de hace 40 años, no les han restituido algunos de sus derechos fundamentales y colectivos, además enfrentan dificultades en temas como pensión, vivienda y acceso a servicios básicos.
A las pérdidas materiales, con más de 10.000 predios destruidos y el colapso total de una economía agrícola y comercial próspera, se suman secuelas que aún perduran: afectaciones en salud mental, desarraigo, ruptura del tejido social, discapacidades, pérdida de la memoria cultural y condiciones de vulnerabilidad.
Acciones del Estado son innegables, pero insuficientes
Como acciones positivas deben ser mencionados los avances normativos y de política pública, como la creación del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (hoy Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, SNGRD).
Sin embargo, la respuesta a la población afectada y sobreviviente ha sido fragmentada, discontinua y sin articulación territorial, lo que ha limitado la
eficacia del Estado para cumplir con su deber de garantizar, proteger y restituir sus derechos.
Desaparición de Armero transformó la vida de las y los sobrevivientes en lo material, económico, cultural y social
Las y los sobrevivientes pasaron de actividades agrícolas e industriales a economías de subsistencia y empleos informales (37%), en un proceso de reconfiguración forzada de sus dinámicas sociales y económicas.
En lo cultural, la pérdida del territorio fracturó la identidad armerita y debilitó las redes comunitarias que sostenían la memoria colectiva. Aún hoy, persiste la tensión entre reconstruir la identidad y la invisibilización en los municipios que acogieron a las y los sobrevivientes.
“Garantizar estos derechos implica pasar de las normas a la acción: fortalecer la prevención, asegurar la reparación integral y la memoria, garantizar la salud física y mental, la vivienda digna, la restitución patrimonial y la información transparente, y consolidar una gestión del riesgo con enfoque humano, participativo y de no repetición”, afirmó la Defensora Iris Marín Ortiz.
Recomendaciones de la Defensoría
Es importante fortalecer la garantía de derechos en el contexto de la gestión del riesgo de desastres, reconocer la persistencia del daño y orientar la política pública hacia un enfoque estructural, diferencial y de derechos humanos, en consonancia con los mandatos constitucionales y las obligaciones internacionales.
Para quienes fueron despojados de sus propiedades, el acceso a tierras debe ser concebido como medida de restitución, no únicamente como política de subsidios. Se debe garantizar el acceso a salud de la población afectada, priorizando la atención psicosocial integral.
Se debe realizar es un censo o registro actualizado de sobrevivientes y sus condiciones de vulnerabilidad. Asimismo, se debe dar garantía de no revictimización de las personas sobrevivientes, expedir una declaratoria real y efectiva del volcán Nevado del Ruiz ante la UNESCO como patrimonio natural de la nación, crear el Centro de Memoria Histórica de Armero, ordenado por la Ley 1632 de 2013 y reafirmado en la Ley 2505 de 2025. Finalmente establecer una estrategia nacional de investigación, educación y memoria con enfoque preventivo.
El ICBF y Medicina Legal deben impulsar el programa de búsqueda e identificación de niños, niñas y adolescentes perdidos en el desastre, utilizando herramientas tecnológicas y pruebas genéticas.
“A pesar de todo ello, surge una luz en el camino. La respuesta está en la política de gestión del riesgo de desastres, sus instrumentos e instituciones, y esencialmente en quienes la orientan y aplican, por ser una estrategia de desarrollo sostenible cuyo propósito es la seguridad y bienestar de la población. Hay una oportunidad innegable de cambiar la historia, de ser justos, de impulsar la igualdad y de proteger los derechos de las personas afectadas”, puntualizó la Defensora del Pueblo.