Con pisos rotos, espacios desmantelados y en avanzado estado de deterioro, condiciones que podrían generar afectaciones ambientales, así encontró la directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, el predio Isla Fiesta, ubicado en las islas del Rosario, en Cartagena, durante una visita de reconocimiento. El inmueble fue recuperado por la entidad en enero de 2026, durante la administración del entonces director Felipe Harman.
Durante el recorrido, Garrido cuestionó las condiciones actuales del predio y la falta de medidas suficientes para preservar sus estructuras y los elementos que permanecían en el lugar tras la recuperación. La directora también contrastó el estado observado con registros fotográficos anteriores y testimonios de moradores que, según indicó, daban cuenta de mejores condiciones.
“Lo que no se puede admitir es que la máxima autoridad de tierras de la Nación haya adelantado un procedimiento de recuperación sin proteger y salvaguardar lo que aquí estaba dispuesto. Hoy encontramos un total desastre y el fracaso de Felipe Harman como director en la administración pasada”, manifestó la alta funcionaria durante la inspección.
La directora de la Agencia pidió esclarecer qué ocurrió con el inmueble tras su recuperación y establecer qué medidas se adoptaron para garantizar su conservación. La inspección busca documentar las condiciones actuales del predio y aportar elementos para determinar las circunstancias en las que se produjo su deterioro.
Baldío de la Nación bajo revisión judicial
La recuperación material del predio denominado “Isla Fiesta” se adelantó en cumplimiento de las acciones previstas en el plan de mejoramiento formulado por la Agencia Nacional de Tierras, como resultado de un hallazgo de la Contraloría General de la República sobre la administración de los terrenos baldíos reservados de la Nación ubicados en los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, particularmente respecto de aquellos predios cuyos contratos de arrendamiento se encontraban vencidos.
El caso ha generado una controversia jurídica entre la ANT y el empresario que ocupaba el inmueble en calidad de arrendatario. El contrato inicial establecía un canon de arrendamiento de $255.000, que, tras los incrementos anuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC), llegó a $427.000.
El empresario fue invitado en tres ocasiones a ofertar y a regularizar la ocupación del predio y nunca respondió. Actualmente, el caso se encuentra bajo estudio por la Corte Constitucional, en el marco de asuntos relacionados con el debido proceso.
Durante la visita al baldío, la directora Lina María Garrido también advirtió sobre los riesgos jurídicos y económicos que podría afrontar la ANT si una eventual decisión resultara desfavorable para la entidad.
“Vamos a llegar hasta el fondo de lo ocurrido en Isla Fiesta. No podemos permitir que un bien de la Nación termine en estas condiciones sin que se esclarezca qué pasó, quién debía garantizar su protección y si hubo fallas en su cuidado. Los colombianos merecen respuestas y los recursos públicos los vamos a defender”, concluyó la directora de la ANT.