La Defensoría del Pueblo, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), emitió la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025 para advertir sobre el riesgo alto en la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) y su área de influencia. El escenario de riesgo se configura por la intensa y escalada disputa por el dominio de territorios estratégicos entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
Son un total de 21 municipios los que están en riesgo. Para la vertiente norte de la SNSM: Santa Marta (Distrito), en Magdalena, y Riohacha y Dibulla, en La Guajira; para la vertiente occidental: Ciénaga, Puebloviejo, Zona Bananera, El Retén, Aracataca, Fundación y Algarrobo, en Magdalena, y El Copey y Bosconia, en Cesar; para la vertiente suroriental: El Paso, Valledupar y Pueblo Bello, en Cesar, y San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo y Albania, en La Guajira.
La nueva Alerta Temprana (AT) subsume y cierra las advertencias previas emitidas para El Copey (AT 010-22), Valledupar (AT 032-23) y Dibulla, San Juan del Cesar y Riohacha (AT 010-25), unificando el análisis del riesgo para los 21 municipios de los tres departamentos.
La confrontación se manifiesta en cinco dinámicas
La pimera: control hegemónico de las ACSN, principalmente en Ciénaga y Santa Marta (Magdalena) y Dibulla (La Guajira). La segunda: pretensiones de consolidación del EGC en Puebloviejo, El Retén, Algarrobo, Aracataca y Fundación, en el departamento de Magdalena; en El Copey, Bosconia, Valledupar y Pueblo Bello, en el departamento del Cesar, y en San Juan del Cesar, Distracción y Fonseca, en el departamento de La Guajira. La tercera: disputa abierta entre ambos grupos armados ilegales. La cuarta: existencia de dominios fragmentados y coexistencia obligada por conveniencia de intereses criminales (como en la Localidad 2 de Santa Marta, donde está el puerto). La quinta: tránsito y presencia circunstancial en territorios que potencialmente podrían volverse estratégicos.
Estas dinámicas conllevan graves manifestaciones de violencia, que incluyen homicidios individuales y colectivos, secuestros, amenazas, imposición de exacciones (‘impuestos’) y reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ). La violencia se expresa en prácticas de exterminio social contra jóvenes, consumidores de sustancias psicoactivas, población LGBTIQ+, migrantes venezolanos y personas socialmente estigmatizadas, a menudo mediante asesinatos acompañados de carteles que
justifican la violencia o mediante el uso de etiquetas criminales transnacionales, para sembrar terror.
Adicionalmente, han sido documentados tratos crueles y degradantes: castigos físicos filmados y difundidos en redes sociales, como el rapado de pelo, en Santa Marta y Ciénaga, ejecutados por las ACSN para imponer un orden armado. La disputa territorial también ha provocado desplazamientos forzados, confinamientos, y el uso de artefactos explosivos improvisados en zonas de tránsito indígena.
La Defensoría alerta que esta violencia genera impactos humanitarios en áreas urbanas y rurales, afectando particularmente a pueblos indígenas (Kogui, Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Wayúu, Zenú, Inga, Taganga y Ette Ennaka), población afrodescendiente, población campesina y pescadores, liderazgos sociales y comunales (de juntas de acción comunal), niñas, niños y adolescentes y personas defensoras de DD. HH.
Los grupos armados buscan asegurar sus rentas ilícitas a través de exacciones sobre el turismo, la agricultura de alto valor (café, banano), la ganadería, así como por el tráfico de narcóticos y armas, aprovechando la extensa frontera marítima y los corredores viales claves, como la Troncal del Caribe.
Recomendaciones de la Defensoría
Ante la gravedad de esta situación, y bajo la prospectiva de riesgo de que la confrontación se profundice y se extienda, la Defensoría del Pueblo formuló 38 recomendaciones urgentes. Estas recomendaciones, organizadas en nueve ejes temáticos, exhortan a todas las entidades involucradas a implementar las medidas necesarias para avanzar en la protección de los pueblos étnicos y lideresas y líderes y la garantía de los derechos humanos de toda la población.
En prevención y protección: 18 recomendaciones. Este es el eje más grande. Subraya la necesidad de medidas inmediatas dirigidas a grupos específicos para mitigar riesgos como el reclutamiento, uso y utilización de NNAJ, las violencias basadas en género, la trata de personas y el exterminio social/estigmatización.
En acciones de política pública para superar vulnerabilidades sociales: 6 recomendaciones. Refleja que el riesgo está profundamente ligado a la desigualdad y a la ausencia estatal. Estas acciones buscan garantizar la adquisición, titulación, ampliación y saneamiento de Tierras Colectivas de Comunidades Negras (TCCN) y resguardos indígenas e incorporar a la población joven en riesgo al mercado laboral formal o a la educación superior.
En investigación y acceso a la justicia: 4 recomendaciones. Se prioriza desmantelar las estructuras del EGC y las ACSN, y asegurar que los procesos judiciales tengan enfoque diferencial y étnico.
Otros ejes: 8 recomendaciones. Los ejes restantes se enfocan en la coordinación interinstitucional, la paz, la disuasión militar, la asistencia humanitaria y el fortalecimiento del Ministerio Público.