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Colombia y Brasil ejecutan operación histórica contra minería ilegal y fortalecen alianza para defender la Amazonía

En una operación binacional sin precedentes, denominada ‘Amazonía Libre II’, Colombia y Brasil destruyeron 14 “súper dragones mineros”, maquinaria de alta capacidad destructiva utilizada para minería ilegal en los ríos Puré, Purité y Cotuhé, en el corazón de la Amazonía compartida.

El operativo, considerado un hito en la coordinación ambiental y de seguridad regional, reafirma la decisión conjunta de ambos países de frenar la devastación del bioma amazónico y enfrentar a las estructuras criminales transfronterizas responsables de deforestación, contaminación con mercurio y afectación directa a comunidades y ecosistemas.

“La Amazonía es un patrimonio mundial y su protección exige una respuesta unificada y contundente. Esta operación demuestra que no vamos a permitir el avance de la minería ilegal ni de las organizaciones criminales que impulsan la deforestación y la contaminación con mercurio en la cuenca amazónica”, afirmó la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia (e), Irene Vélez Torres.

Desde 2023, las entidades presentes en el territorio, con apoyo del Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación (Conaldef), realizaron seguimiento continuo a las actividades ilegales en la zona para identificar, contener y judicializar a los responsables. Con esta información se consolidó un operativo de alto riesgo que, el pasado 18 de noviembre, desplegó 92 uniformados de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental (Dicar), en coordinación con la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial de Colombia, la Policía Federal de Brasil y el Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía.

La operación contó con tres helicópteros UH-60 de DIRAN, unidades entrenadas en selva profunda y apoyo aéreo binacional.

El resultado fue contundente: la destrucción e inhabilitación de 14 dragas —ocho en territorio colombiano y seis en territorio brasileño—, 33 motores, tres remolcadores y una excavadora, además de la incautación de 4.800 galones de combustible, 2,5 kilogramos de mercurio, 25 cilindros de gas y una planta eléctrica. Cada una de estas dragas podía extraer hasta 6.000 gramos de oro al mes, generando una rentabilidad mensual cercana a 9,3 millones de dólares.

Este golpe impactó directamente las finanzas del Bloque Amazonas del EMC y de los Comandos de Frontera, al generar pérdidas estimadas en 12.000 millones de pesos por maquinaria destruida y frenar ganancias ilegales derivadas de los “impuestos” criminales —equivalentes al 10% del producido— que representaban cerca de 2.016 millones de pesos mensuales.

Durante la intervención se registraron hostigamientos armados que evidencian la sofisticación y la creciente capacidad de reacción de estas organizaciones. Asimismo, fue hallada una excavadora operando en plena selva, señal de que los grupos ilegales están incorporando minería a cielo abierto, una modalidad que acelera la deforestación y provoca el desplazamiento de fauna silvestre.

El tipo de dragas halladas —todas metálicas y altamente tecnificadas— evidencia la expansión de estructuras capaces de operar de manera prolongada en zonas remotas, lejos de los centros poblados para eludir la acción estatal. La operación también evitó el vertimiento de combustibles y mercurio en un afluente que alimenta un Parque Nacional Natural donde habita la última tribu no contactada de Colombia y que alberga especies emblemáticas como el delfín rosado, el jaguar, el manatí, el oso hormiguero y el mono tití.

El operativo fue posible gracias a la articulación estratégica entre DICAR, la Dirección Especializada contra los Delitos Ambientales de la Fiscalía General de la Nación, Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Cancillería y el apoyo técnico del Conaldef. Esta acción reafirma la urgencia de establecer mecanismos permanentes de cooperación binacional y de fortalecer la presencia integral del Estado en territorios de alta vulnerabilidad ambiental, consolidando una respuesta unificada frente a las economías ilegales que amenazan la biodiversidad amazónica, la seguridad territorial y los derechos de los pueblos indígenas.

 

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