El Gobierno nacional expidió el Decreto 0769, que define disposiciones para la promoción, protección y garantía de entornos digitales sanos y seguros para niños, niñas y adolescentes. Esta normativa, que reglamenta la Ley 2489 de 2025, establece medidas para prevenir riesgos y violencias digitales, fortalecer la educación digital y proteger los derechos de los pequeños en internet.
“Con este decreto damos un paso fundamental para garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología en condiciones más seguras. La protección de sus derechos en el entorno digital es una responsabilidad compartida, que requiere el compromiso de las familias, las instituciones educativas, las empresas y el Estado”, sostuvo la ministra TIC, Carina Murcia Yela.
A través de esta normativa, el Gobierno nacional sigue promoviendo un ciberespacio seguro para niños, niñas y adolescentes, para que puedan ejercer una ciudadanía digital responsable, empática y basada en la autoprotección. Para esto, durante estos cuatro años realizó más de 3,4 millones de sensibilizaciones en la materia, no solo para los menores sino también para padres, docentes y cuidadores, a través de CiberPaz.
La medida responde a riesgos que hoy enfrentan los niños, niñas y adolescentes en internet, como el ciberacoso, la explotación y el abuso sexual en línea, la captación a través de medios digitales, la vulneración de la privacidad y la exposición a contenidos inapropiados.
Para hacerles frente, el decreto impulsa la alfabetización mediática, informacional y digital; promueve hábitos seguros de navegación; exige privacidad desde el diseño y por defecto en los servicios digitales; mejora los canales de reporte y atención, y consolida la articulación entre las entidades responsables de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.
En paralelo al desarrollo de est Decreto, con su estrategia de sensibilizaciones, CiberPaz llevó alfabetización digital y capacitaciones sobre el uso seguro de las tecnologías a 805 municipios en los 32 departamentos del país, acercando el mundo digital a la vida cotidiana de millones de colombianos. Colegios, Juntas de Acción Comunal, barrios y comunidades urbanas y rurales, fueron sede de estas sensibilizaciones, con énfasis en poblaciones que habían estado expuestas al conflicto armado.
La norma se sostiene en el principio de corresponsabilidad entre el Estado, las familias, las instituciones educativas y las empresas tecnológicas. Las familias y cuidadores accederán a herramientas para acompañar a niñas, niños y adolescentes en el uso de la tecnología; las instituciones educativas deberán incorporar la prevención de riesgos digitales en sus Proyectos Educativos Institucionales y Manuales de Convivencia, y los proveedores de plataformas y servicios digitales tendrán que ajustar el diseño de sus productos, gestionar los riesgos y reportar cada semestre sus avances al MinTIC.
El decreto surtió dos rondas de consulta pública, entre el 31 de diciembre de 2025 y el 21 de enero de 2026, y entre el 16 y el 29 de abril de 2026, en las que se recibieron más de 500 observaciones, comentarios y propuestas de ciudadanos, gremios y organizaciones sociales. En su elaboración participaron, entre otras entidades, el ICBF, la Policía Nacional, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y organizaciones de padres de familia.
Entre los beneficios para la ciudadanía se encuentran la construcción y disposición de contenidos enfocados en la orientación para las familias, el fortalecimiento de los mecanismos de prevención frente a las violencias digitales, la promoción de entornos educativos más seguros y el impulso de prácticas que favorecen la protección de la privacidad y los datos personales.
Las principales medidas del decreto ordenan, entre otras medidas, la formulación, en los próximos doce meses, de una política pública nacional de entornos digitales sanos y seguros. También crea un repositorio gratuito de recursos y buenas prácticas para familias, estudiantes y docentes, sin publicidad dirigida a menores de edad ni recolección de sus datos personales como condición de acceso, y pone en marcha un Sistema Integral de Monitoreo, Evaluación y Desarrollo Tecnológico que integrará al Ministerio de Educación, el ICBF, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa Nacional, bajo la coordinación técnica del MinTIC, para fortalecer la prevención, detección y atención de riesgos y violencias digitales.
Estas obligaciones, precisa el decreto, se aplicarán de forma gradual y diferenciada, según el nivel de riesgo, la naturaleza del servicio y la capacidad técnica de cada actor, y en ningún caso podrán traducirse en censura previa, monitoreo generalizado de las comunicaciones o debilitamiento de los mecanismos de cifrado.
Las medidas que lleguen con la puesta en marcha del Decreto complementarán el trabajo hecho con CiberPaz, un ejemplo de cómo una iniciativa pensada en las comunidades trasciende la formación técnica con un compromiso real con la inclusión y la diversidad. Con dignidad cumplimos, logrando la participación de 1.431.146 mujeres, junto con 968.269 adolescentes y 508.815 niñas y niños, lo que evidencia una apuesta clara por cerrar brechas desde edades tempranas. Asimismo, se vinculó a 75.725 personas indígenas, 57.061 de comunidades NARP, 7.355 personas con discapacidad y 863 víctimas del conflicto armado, integrando distintas realidades en un mismo proceso de apropiación digital.