Lo que durante décadas pareció imposible hoy comienza a hacerse realidad en el Catatumbo. Familias campesinas que antes dependían de los cultivos de uso ilícito encuentran en el acceso a la tierra una oportunidad para producir alimentos, fortalecer sus economías y aportar a la construcción de paz en una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado.
Gracias a la Reforma Agraria impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro a través de la Agencia Nacional de Tierras —ANT—, en Norte de Santander se han entregado 3.898 hectáreas a más de 250 mujeres campesinas, asociaciones rurales y firmantes de paz. Estas acciones fortalecen proyectos agrícolas y agropecuarios que amplían las oportunidades productivas para las comunidades y consolidan actividades económicas legales en una región históricamente afectada por la violencia.
Uno de los casos más representativos se registra en el sector de La Legía, Campo Dos, en el municipio de Tibú, donde la Agencia Nacional de Tierras entregó 80 hectáreas a las asociaciones ASPROCAT y PROAGROCAT. La adjudicación beneficia a más de 400 familias campesinas que encuentran en el acceso a la tierra una oportunidad para fortalecer sus proyectos productivos y generar nuevas fuentes de ingreso para sus comunidades.
La producción de miel, derivados apícolas y cultivos de yuca se ha consolidado como una apuesta productiva para las familias beneficiarias. ASPROCAT reúne a 60 familias dedicadas a la actividad apícola, mientras que PROAGROCAT trabaja con cerca de 350 beneficiarios en procesos de cultivo y transformación de la yuca, una actividad con amplio potencial para la generación de ingresos y el abastecimiento alimentario local.
Precisamente, el impacto económico de estos proyectos ya es visible para las comunidades. Alexander Parada, integrante de PROAGROCAT, destacó que el cultivo de yuca representa una oportunidad real para mejorar las condiciones de vida de las familias rurales. “Con tres hectáreas de este cultivo, una familia campesina puede obtener una producción cercana a las 45 toneladas al año, lo que demuestra el potencial que tiene para generar ingresos y mejorar las condiciones de vida en el campo”, comentó.
Para quienes han permanecido en el territorio pese a las dificultades, el acceso a la tierra representa también una oportunidad para reconstruir proyectos de vida. Germán Morantes Quijano, integrante de ASPROCAT, aseguró que este proceso devuelve la esperanza a muchas familias campesinas que durante años enfrentaron las consecuencias de la violencia. “Muchas personas, incluso de mi generación y otras más jóvenes, quedaron en el camino por causa de la violencia. Por eso, ver que hoy existen oportunidades para acceder a la tierra es como encontrar una luz al final del túnel. Saber que hay un respaldo para el campesinado nos motiva a seguir trabajando y construyendo futuro en el territorio”, expresó.
La transformación también tiene rostro de mujer. Más de 50 campesinas participan directamente en estos proyectos productivos, fortaleciendo su autonomía económica y ampliando su participación en los procesos organizativos de sus comunidades. Su presencia refleja el papel cada vez más activo de las mujeres rurales en la construcción de oportunidades para el Catatumbo.
Los avances no se limitan a las entregas colectivas de tierra. Como parte del Plan Catatumbo, la Agencia Nacional de Tierras también ha avanzado en la formalización y adjudicación de 208 predios rurales equivalentes a 3.055 hectáreas. Solo en Tibú fueron adjudicados 40 predios que suman más de 1.042 hectáreas.
De manera especial, 21 predios que representan cerca de 599 hectáreas fueron adjudicados a familias vinculadas a compromisos de sustitución de cultivos de uso ilícito. Estas familias asumieron el compromiso de reemplazar dichas actividades por proyectos productivos legales, demostrando que cuando el Estado garantiza acceso a la tierra y oportunidades reales, la transformación del territorio es posible.
A ello se suman cuatro predios adjudicados durante 2026 a familias vinculadas a procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, fortaleciendo la transición hacia economías lícitas y sostenibles.
Los resultados de ese esfuerzo ya son visibles en distintas zonas del Catatumbo. Narvis Eslava Tumay, integrante de ASPROCAT, señaló que comunidades que durante años convivieron con economías ilícitas hoy trabajan en actividades agrícolas legales y sostenibles. “Hoy, en veredas como La Legía y La Llana, ya no se encuentran cultivos de uso ilícito. Las comunidades han apostado por alternativas productivas que les permiten trabajar la tierra de manera legal y construir nuevas oportunidades para sus familias”.
En el Catatumbo, cada hectárea entregada representa mucho más que una cifra. Detrás de ellas hay familias que hoy producen alimentos, fortalecen sus ingresos y avanzan en la construcción de proyectos de vida ligados a la legalidad y la permanencia en el territorio. La tierra, acompañada de oportunidades productivas y respaldo institucional, continúa consolidándose como una herramienta para impulsar el desarrollo rural y abrir nuevos caminos para las comunidades campesinas de la región.