El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman en articulación con la Policía nacional recuperó 666 hectáreas en el municipio de Baraya, al norte del Huila, una zona donde la tierra ha sido históricamente escenario de disputas, exclusión y control indebido. El predio Santa Helena, había sido aprehendido en 2024 por la máxima autoridad de tierras de la nación con el propósito de fortalecer la Reforma Rural en el departamento.
El terreno fue entregado de manera provisional, el 30 de diciembre de ese mismo año, a 31 familias campesinas agrupadas en la Asociación de Víctimas del Conflicto Camino por la Paz de Baraya (Arcopaz). Para la comunidad, esta oportunidad de ser propietarios de sus tierras representaba un punto de partida: la posibilidad de reconstruir sus proyectos de vida y sostener a sus familias a partir del trabajo de la tierra.
Sin embargo, el propósito se desvió.
“Ratificamos que hubo error y fallas sobre la administración del bien, sancionamos una organización que violó 5 cláusulas concretas y para eso, nosotros no entregamos la tierra”. Enfatizó en director general de la Agencia nacional de Tierras, Juan Felipe Harman.
Durante 2025, las tensiones escalaron al interior de la asociación campesina y con las comunidades aledañas. La Agencia Nacional de Tierras identificó conflictos internos, prácticas irregulares en el uso del suelo, subarrendamientos no autorizados y afectaciones ambientales, hechos que encendieron las alertas institucionales.
A este panorama se suman denuncias ciudadanas que advierten posibles intereses indebidos en el uso del predio y que vinculan a uno de los beneficiarios, Amir Cardozo Tovar, hermano del alcalde de Baraya, Luis Enrique Cardozo Tovar. Según estos señalamientos, el beneficiario habría permitido el uso del terreno por parte de terceros, particularmente para actividades ganaderas, en contravía de las condiciones establecidas por la ANT.
De acuerdo con los términos de la entrega provisional de tierras, los predios no pueden ser arrendados, cedidos ni utilizados por terceros sin autorización expresa, y deben ser explotados directamente por los beneficiarios. Sin embargo, veedurías ciudadanas han advertido un incumplimiento de estas disposiciones, lo que habría derivado en beneficios económicos indebidos por parte de esta asociación.
“Exploramos toda suerte de acuerdos entre las organizaciones para no perjudicar a unos campesinos, pero lamentablemente los líderes de las organizaciones no tuvieron acuerdo ni disposición, ni voluntad” explica Juan Felipe Harman director General de la Agencia Nacional de tierras.
Ante este panorama, la Agencia Nacional de Tierras tomó la decisión irrevocable de retomar el control del predio e incorporarlo al Fondo de Tierras para la Reforma Agraria, priorizando la transparencia, el cumplimiento de las normas y la garantía de que la tierra cumpla su función social.
La recuperación del predio Santa Helena, en Baraya (Huila), no es solo una medida legal, también es una decisión política que reafirma que la tierra debe estar en manos de quienes la trabajan y la cuidan. En ese sentido, la entidad bajo la dirección de Juan Felipe Harman, seguirá actuando con firmeza para garantizarlo, conforme al marco jurídico vigente.
En tres años y ocho meses de gobierno del presidente Gustavo Petro, la Agencia Nacional de Tierras ha entregado más de 13.500 hectáreas en el Huila, logrando más campesinos y comunidades étnicas sean propietarias de sus tierras.