En un acto de justicia histórica, defensa del patrimonio del Estado y compromiso con el campesinado humilde y trabajador, la Agencia Nacional de Tierras —ANT— y su director Juan Felipe Harman recuperaron en zona rural de Valledupar, Cesar, los predios La Alquería y Caja de Ahorros, que suman una extensión de 606 hectáreas en el corregimiento Aguas Blancas, jurisdicción de Valledupar, y que, de manera ilegal, estaban en manos de Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, alias ‘Comandante Barbie’ o ‘Barbie’.
Estas propiedades representan la consolidación de un imperio ganadero que pasó de manos de familias tradicionales de la región a la sociedad Inversiones Rodríguez Fuentes S.A.S., vinculada a Hugues Manuel Rodríguez Fuentes. Estos bienes fueron adquiridos a través de una progresiva acumulación empresarial que buscaba blindar patrimonio ilícito.
Rodríguez, reconocido como un poderoso ganadero en el departamento, tuvo nexos con estructuras paramilitares, pues fue señalado de ser financiador y promotor de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en esa zona del norte del país. Fue condenado en Colombia por promover la conformación de grupos paramilitares y estuvo preso en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.
Durante la recuperación material de estos predios, la ANT encontró más de 1.500 cabezas de ganado, maquinaria pesada y cuartos destinados al enfriamiento de leche.
A diferencia de los mandos puramente militares en las AUC, Rodríguez Fuentes utilizó su condición de ganadero y empresario para servir como articulador financiero y político del Bloque Norte de las Autodefensas, bajo el mando de alias ‘Jorge 40’. Su relevancia lo llevó a ser incluido en la denominada Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pues lo señalaron de lavar capitales del narcotráfico a través de un complejo entramado societario, en el que la firma Inversiones Rodríguez Fuentes SAS actuaba como eje central de sus operaciones legales.
En este caso se observa, al parecer, un esquema de “lavado de tierras” mediante la creación de estructuras empresariales de fachada. Este mecanismo permitió camuflar el control territorial sobre el Cesar bajo una apariencia de legalidad corporativa, blindando el patrimonio acumulado durante los años de mayor intensidad del conflicto armado en la región.
La recuperación de los predios La Alquería y Caja de Ahorros constituye un hito en la desarticulación económica de las antiguas estructuras paramilitares. La transición de estos bienes desde la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) hacia programas de adjudicación para campesinos sin tierra representa un acto de justicia transicional y reparación transformadora.
Al intervenir en estos dos predios, el Estado colombiano no solo recupera recursos destinados a indemnizar a las víctimas de las AUC, sino que también envía un mensaje contundente sobre la persecución de activos de origen ilícito destinados a la Reforma Agraria.
Recientemente, en una asamblea campesina realizada en el parque Garupal de Valledupar, ante cerca de 1.500 campesinos y campesinas del departamento, el director Harman anunció la entrega de estos bienes rurales a dos asociaciones campesinas.