En sesión extraordinaria del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, la Alcaldía de Santa Marta activó un plan de acción específico para enfrentar los efectos de la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias del pasado domingo, que afectaron gravemente a más de 60 barrios en distintos puntos del territorio.
Aunque el Distrito ya contaba con una declaratoria general de calamidad pública, se realizó una nueva declaratoria específica para este evento, con el respaldo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), lo cual permite acelerar la contratación y ejecución de medidas inmediatas para mitigar el impacto y proteger a la población.
“Con esta declaratoria, podremos contratar maquinaria amarilla adicional para evacuar el lodo, garantizar el suministro de agua potable mediante carrotanques y, sobre todo, acompañar con presencia institucional a las familias afectadas hasta que retornemos completamente a la normalidad”, aseguró Álex Velásquez, gerente de la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (OGRICC).
Las medidas también incluyen el fortalecimiento de los equipos de intervención en campo, priorización de zonas críticas, atención integral a personas damnificadas y coordinación interinstitucional con entidades del orden nacional para movilizar recursos y asistencia técnica.
Durante el consejo, el alcalde Carlos Pinedo Cuello reafirmó su compromiso con una gestión cercana, directa y territorial:
“Bajo ninguna circunstancia voy a permitir que ningún secretario se vaya a mover de su puesto de trabajo. Tienen que estar en el terreno, donde está la gente, donde está el problema. Esta administración va a dar la cara, va a estar presente y va a resolver”.
El mandatario distrital dio instrucciones precisas para que las secretarías y oficinas descentralizadas mantengan puestos de mando en los sectores afectados, operando incluso desde salones comunales, instituciones educativas o espacios comunitarios, si es necesario.
Con esta medida, la administración distrital reitera su enfoque de gobierno en territorio, priorizando la acción directa, la atención a los más vulnerables y la recuperación sostenible de las comunidades impactadas.